La Contraloría General de la República ha dado a conocer los resultados de la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial, realizada como seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. Se identificaron 21 hallazgos fiscales por un total de $12.1 mil millones, junto con 72 hallazgos disciplinarios.

Además, se solicitó la apertura de Indagación Preliminar por $99 mil millones relacionados con tres contratos suscritos por el Ministerio del Interior. El informe revela una falta de coordinación entre entidades gubernamentales a nivel nacional y territorial, especialmente en programas destinados a la población indígena Wayuú, como evidenció la desnutrición infantil.

Un experto equipo auditor, integrado por funcionarios de 9 Contralorías delegadas sectoriales, 2 Contralorías delegadas generales, la Unidad de Regalías y la Gerencia Departamental de la CGR en La Guajira, verificó el impacto en la comunidad de  las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.

En esta Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial con enfoque de cumplimiento, liderada por la Contraloría delegada para la Inclusión Social, se establecieron en total 92 hallazgos administrativos, de los cuales -aparte de los anteriormente reseñados- hay 1 (uno) con solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y 8 con Otras Incidencias.

La desarticulación entre las entidades ha llevado a la falta de compartición de resultados y a la ausencia de esfuerzos conjuntos para abordar problemas críticos.

Se pudo comprobar esta desarticulación en un hecho lamentable: de los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, en las vigencias auditadas (2019 a 2022), 95 hacían parte de los programas del ICBF y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición.

Esto algo que se ha vuelto común en los procesos de atención a los niños Wayuú: las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil.

Irregularidades

El informe también destaca irregularidades en programas de alimentación escolar, salud y vivienda, con un impacto significativo en la población de La Guajira. Estas deficiencias afectan la efectividad de las inversiones, generando preocupaciones sobre la planificación, control y seguimiento de proyectos clave.

En el componente seguridad alimentaria se detectaron 10 hallazgos administrativos, 6 con presunta incidencia disciplinaria y 2 con alcance fiscal por $68.221.080. La Contraloría delegada de Educación como resultado de su participación presentó 15 hallazgos, de los cuales (3) con connotación fiscal al departamento de La Guajira y al municipio de Riohacha por $149.701.116 por las irregularidades en el pago de la prestación del servicio de las manipuladoras de alimentos del PAE y deficiencias en el pago de la dotación de uniformes y tapabocas de este personal.

También, en el componente de salud se detectaron 18 hallazgos administrativos, 17 con posible incidencia disciplinaria y 8 con alcance fiscal por $2.257.150.297. Y en el de Vivienda se determinaron en total 6 hallazgos, de los cuales 5 con incidencia disciplinaria y 5 de carácter fiscal por $9.399.381.292.

Igualmente, se resaltan las acciones y hallazgos específicos en contratos del Ministerio del Interior, con problemas que van desde diferencias en valores facturados hasta deficiencias en la documentación legal de los contratos.

La Contraloría hace hincapié en la necesidad de abordar estas deficiencias de manera integral para mejorar la calidad de vida de la población afectada y garantizar el cumplimiento de los objetivos constitucionales.