Jueza de Sincelejo impartió legalidad del procedimiento contra siete hombres y tres mujeres de la institución procesados por la muerte en Chochó de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez Mercado, José Carlos Arevalo.

Inició la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de 10 de los 11 efectivos de la Policía señalados de ser los responsables de la muerte de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez Mercado y José Carlos Arevalo.

Fueron judicializados en calidad de coautores o cómplices de los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y de tortura. En la mayoría de los casos por los hechos que desplegaron el pasado 25 de julio en el corregimiento de Chochó, Sucre, en el que buscando a los responsables del crimen de su compañero de la Policía en medio del plan pistola del Clan del Golfo, terminaron ejecutando un crimen extrajudicial. 

Siete hombres y tres mujeres son los efectivos de la institución señalados, según la investigación de la Fiscalía, del crimen que sacude al país.

La primera en ser capturada fue la subteniente Maria Camila Buriticá en su vivienda materna en el municipio de Toro, Valle del Cauca. La uniformada es indiciada como coautora de tortura y privación ilegal de la libertad de los tres hombres. 

A la URI de Sincelejo en el centro de la ciudad, se presentó Jesús María Bolaño Castro señalado como coautor del delito de homicidio en concurso con el de ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios.

El uniformado junto con su abogado se trasladó a la sede de la Fiscalía argumentando que a través de los medios de comunicación se había enterado que habían proferido órdenes de captura contra un grupo de policías y que a pesar de no haberse revelado ningún nombre él creía que era uno de los requeridos.

A 492 kilómetros de allí y hacia las 4:00 p.m., del pasado 22 de agosto, en Marinilla, Antioquia, fueron capturados otros dos uniformados que estaban en servicio y que relataron que habían sido trasladados hace pocos días a la Estación de Policía de esta población del altiplano del oriente del departamento. 

Se trata de Rafael Barboza y Santiago Garavito Díaz. Al primero se le incautaron dos celulares, un IPhone y un Samsung, que justamente tenía en su poder. Y el otro uniformado es Santiago Garavito Díaz, quien solicitó ser trasladado hasta el hotel donde se alojaba para poder recoger elementos personales y ropa de civil.

El caso de Garavito Díaz es el menos grave frente a los hechos endilgados a los demás, pues es señalado de privación ilegal de la libertad en calidad de cómplice, es decir, que de llegar a ser declarado culpable la pena se reduciría de una sexta parte a la mitad. 

Dos horas después en la Estación de Policía de Sincelejo fue capturado prestando el servicio en ese lugar Yamid Alfonso Henao Araque, señalado de los mismos hechos en calidad de cómplice por favorecimiento, en su contra pesaba la orden de captura número 075.

A las 4:47 p.m., de ayer en plena vía pública y por sus homólogos de la Dijin también en Sincelejo fue capturado Álvaro Antonio Álvarez Ricardo por el delito de homicidio en calidad de cómplice por favorecimiento en concurso con el de privación ilegal de la libertad. 

En el barrio El Recreo, también de Sincelejo fue capturado el patrullero Uber Guillermo Mieles Arroyo por el delito de tortura en concurso con privación ilegal de la libertad, a este también le fue incautado un celular que fue objeto de peritaje forense. 

Una de las más difíciles de ubicar y capturar fue Diana Marcela Puerta Rodríguez, según el relato de las autoridades. El CTI inició su búsqueda el 20 de agosto y la encontraron dos días después en La Dorada, Caldas. Ella es señalada como coautora de tortura en concurso con privación ilegal de la libertad. 

Otra orden de captura, la 078 pesaba en contra de Bernardo Pontón Mercado, señalado como coautor de tortura en concurso con privación ilegal de la libertad. 

La última judicializada fue Leila Carolina Avila Pestana, quien se presentó a la URI de Sincelejo a las 5:36 p.m., acompañada por su abogado, ahí le fue manifestado que el Juez 15 Penal Municipal de Bogotá a solicitud del Fiscal 11 de la Unidad de Vida había proferido orden de captura en su contra. La funcionaria fue requerida también por los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad.

Tras la audiencia de legalización de captura de los uniformados sigue ahora, la audiencia de imputación de cargos y solicitud de imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Esta pendiente la captura del teniente coronel Benjamín Nuñez, prófugo de la justicia, de quien se afirma huyó fuera del país.