En varios sectores de la ciudad se ha detectado un preocupante fenómeno: fiestas clandestinas que se prolongan por hasta 18 horas, generando caos y perturbando la convivencia vecinal. Estas reuniones, organizadas sin permisos ni controles, se han convertido en un quebradero de cabeza para los residentes.
Organizadas mediante arriendos por horas o días, estas celebraciones operan en casas o apartamentos ubicados en zonas residenciales. Se utilizan plataformas digitales o redes sociales para coordinar todo, enviando detalles como lugar y hora apenas minutos antes del evento. En lo corrido del año, la línea 123 ha registrado más de 136.000 alertas por riñas, 116.000 por ruido excesivo y más de 25.000 por consumo de drogas, en localidades como Suba, Kennedy y Engativá. El alquiler de espacios por costos elevados —hasta 500.000 pesos por una noche— ha permitido convertir viviendas en discotecas improvisadas, sin medidas de seguridad, y en algunos casos, incluso con la producción de drogas sintéticas al interior. Estos eventos representan un riesgo colectivo: afectan la tranquilidad de los barrios, exponen a los asistentes, y ponen en evidencia la dificultad para denunciarlos y sancionarlos debido a su carácter efímero y discreto.