La Fiscalía General de la Nación ha imputado formalmente cargos contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa, Socorro Oliveros, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. La imputación se basa en el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, lo cual podría conllevar penas de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Antecedentes y Acusaciones
Las investigaciones llevadas a cabo por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción revelaron que Socorro Oliveros, en su rol de gerente de campaña, permitió que Rodolfo Hernández realizara aportes financieros a su propia campaña. Esto ocurrió pese a que Hernández había sido acusado penalmente en mayo de 2021 por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
En el contexto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, se estableció que Rodolfo Hernández aportó 127 millones de pesos a su campaña. Según la Fiscalía, este aporte constituye una fuente prohibida por la ley, lo cual fundamenta la imputación de cargos.
Consecuencias Legales
Con la imputación formal, tanto Rodolfo Hernández como Socorro Oliveros deberán comparecer ante un juez para responder a las acusaciones. La gravedad de los cargos podría resultar en significativas sanciones penales y económicas, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas en el futuro.