Los residentes del barrio La Esmeralda en Yopal manifestaron su inconformidad con las propuestas presentadas por el alcalde Marco Tulio Ruiz y el gobernador César Ortiz durante la reunión sostenida la semana pasada. La comunidad esperaba avances concretos en el cumplimiento de la Acción Popular que ordena su reubicación, pero en su lugar, se planteó la posibilidad de legalizar el sector, lo que generó un rotundo rechazo.
Inconformidad con la Legalización La propuesta de legalización, basada en un supuesto estudio de ruido, fue calificada como una burla por los habitantes del sector. Judy Segura, líder comunitaria, afirmó: «No teníamos conocimiento de este proceso. Hablan de un estudio de ruido para justificar la legalización, pero aquí no hemos visto ninguna intervención reciente de la Aerocivil. Esto contradice lo que hemos luchado por años.»
Los habitantes recordaron que desde 2017 se asignaron más de 14.000 millones de pesos para su reubicación en el proyecto Torres del Silencio, donde cada familia ya tiene un apartamento asignado. Sin embargo, denuncian que esos recursos no han sido ejecutados, generando desconfianza y temor sobre su posible desvío hacia otros proyectos.
Exigencia de Transparencia y Cumplimiento Los líderes del sector rechazaron las justificaciones de falta de dinero presentadas por las autoridades y enfatizaron que su único objetivo es el cumplimiento de la sentencia judicial. «No aceptaremos mentiras ni excusas. Los recursos existen, y las autoridades deben destinarlos a nuestra reubicación como lo ordena la ley», destacaron.
Ante la falta de avances, la comunidad advirtió que están dispuestos a retomar las protestas. «No podemos permitir que nos sigan engañando con propuestas inviables como la legalización, que sabemos no es posible por las restricciones del área, al estar en el cono de aproximación del aeropuerto El Alcaraván», afirmaron los residentes.
Llamado a las Autoridades La comunidad hizo un llamado urgente al alcalde, al gobernador y a las entidades responsables para que cumplan los compromisos adquiridos y garanticen su derecho a una vivienda digna y segura, lejos del impacto que genera la operación del aeropuerto.
«Solo pedimos soluciones reales y transparentes. No más dilaciones ni propuestas que no resuelvan nuestra situación. Queremos acciones inmediatas que cumplan con la sentencia judicial y aseguren nuestro bienestar,» concluyó Judy Segura.