En un comunicado emitido por el equipo jurídico de Keralty, se informó que la Fiscalía ha incluido la denuncia presentada por el representante legal de la compañía, relacionada con presunto prevaricato por acción, dentro de una investigación más amplia que está en curso.
Esta diligencia, que se inició a mediados de abril, se enmarca dentro de una investigación preliminar realizada por el área anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, la cual se centra en hechos de corrupción dentro del sector salud.
Respecto a las acciones legales de Sanitas, el abogado Juan David Riveros también anunció medidas contra el superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal. Entre estas acciones se encuentra una recusación y otras medidas que se han llevado a cabo incluso a nivel internacional, con el objetivo de proteger los derechos de la empresa en el marco de los tratados internacionales de inversión aplicables en el país.
«En nuestra denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, hemos solicitado que, una vez que se demuestre la ilegalidad que alegamos, se convoque una audiencia ante jueces penales para que un juez pueda suspender el efecto del acto de intervención», declaró Riveros al momento de radicar la denuncia.
El propósito de esta estrategia legal es que los accionistas de Sanitas puedan recuperar la administración de la EPS, una de las más grandes del país con casi 6 millones de afiliados. La intervención inicialmente está programada por un año, y se aguarda que en los próximos días el interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, Duver Vargas, presente un informe detallado sobre la situación actual de la entidad.