La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia iniciar investigaciones sobre la posible implicación de militares, políticos y civiles en el fortalecimiento del paramilitarismo en los departamentos de Casanare y Arauca.
Esta solicitud surge tras las declaraciones de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, en los casos 03 y 06 de la JEP. Los testimonios aportados en abril de 2024 en Estados Unidos han señalado a diversas figuras públicas por su presunta cooperación con grupos paramilitares, como el Bloque Centauros en Casanare y el Bloque Vencedores de Arauca.
La JEP ha mencionado a personajes como Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, por supuestamente facilitar el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca en la región, y a Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exgobernador de Casanare, por su presunta colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Otros nombres destacados incluyen a Helí Cala López, exgobernador de Casanare; Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador; y Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, quien presuntamente habría permitido la expansión de grupos paramilitares en Arauca durante su mandato como comandante de la Brigada XVIII del Ejército Nacional.
Según la JEP, los actos de violencia cometidos por estos grupos incluyeron asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos, acciones que habrían sido respaldadas por varios actores políticos y civiles locales. Estas conductas, según el tribunal, podrían clasificarse como delitos de lesa humanidad bajo el cargo de concierto para delinquir agravado.
La investigación continúa mientras se recopilan pruebas adicionales que podrían expandir la lista de implicados en la consolidación del poder paramilitar en estas regiones.