El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, participó en un programa el pasado 7 de enero para abordar la problemática en el manejo de subsidios de energía y las consecuencias de la falta de desembolsos por parte del Gobierno. Este tema tomó mayor relevancia tras el apagón en Puerto Carreño, donde 45.000 personas resultaron afectadas según reportó el gobernador de Vichada, Alex Benito.
Un Problema Anunciado
Sánchez calificó la situación como una «muerte anunciada», señalando que Andesco había advertido en repetidas ocasiones, mediante cartas al Gobierno, sobre los riesgos de no entregar subsidios a tiempo. Destacó que este problema no se limita a Puerto Carreño, sino que amenaza regiones como el Chocó, Huila, Putumayo y otras áreas de Colombia, donde las empresas públicas y pequeñas enfrentan graves problemas de liquidez.
Obligación Gubernamental
Sánchez enfatizó que la entrega de subsidios no es un favor, sino una obligación legal establecida por las leyes 142 y 143, que requieren que el Gobierno garantice la financiación para mantener el suministro de energía. Según estas normas, los subsidios otorgados a los usuarios deben ser reembolsados a las empresas para evitar un colapso financiero.
Deuda del Gobierno a las Empresas de Energía
El presidente de Andesco informó que, al cierre de 2024, la deuda acumulada por subsidios no desembolsados asciende a 2.7 billones de pesos, una cifra sin precedentes en la historia del sector energético en Colombia. Esta deuda amenaza con interrumpir la operación de toda la cadena de suministro, poniendo en riesgo el acceso a energía en vastas regiones del país.
Impacto y Recomendaciones
Riesgo de más apagones: Sin liquidez, las empresas públicas y privadas enfrentan dificultades operativas que podrían llevar a más apagones en el país.
Gobierno debe actuar: Se requiere una respuesta urgente del Gobierno para cumplir con las obligaciones legales y garantizar la estabilidad del sector energético.
Plan de contingencia: Las autoridades deben trabajar con Andesco y las empresas del sector para implementar un plan de contingencia que mitigue los riesgos de apagones en regiones vulnerables.