La Procuraduría General de la Nación ha instado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a tomar medidas inmediatas para frenar los gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, en sus viajes, los cuales son sufragados con fondos públicos. Esta petición se presenta en el contexto de una investigación en curso por parte del tribunal sobre los costos asociados a los desplazamientos de Alcocer.
Juan Carlos Villamil, procurador 135 Judicial para asuntos administrativos de Bogotá, emitió un concepto en el cual destaca que el presidente Gustavo Petro infringió las normativas vigentes al nombrar a su esposa como Embajadora de Misión Especial a través de un decreto. Villamil argumenta que dicho acto administrativo debería declararse nulo debido al vínculo matrimonial o de unión permanente entre ambos.
En su comunicado, la entidad procuradora resalta que Verónica Alcocer no ostenta el estatus de servidora pública, lo cual la excluye de ser beneficiaria de comisiones o viáticos regulados para funcionarios públicos, quienes son los destinatarios específicos de dicha normativa.
La primera dama ha sido objeto de críticas y controversias al gastar más de mil millones de pesos en sus viajes, aparentemente enfocados en preservar la imagen presidencial. Esta gestión económica ha generado inquietud en diversos sectores de la población, respaldando así la solicitud de la Procuraduría para poner un alto a estos gastos financiados con recursos públicos. La respuesta y las acciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se aguardan con expectación en medio de este debate.