A partir del 1 de julio de 2025, entrará en vigor la Ley 2381 de 2024, la cual introduce un nuevo Sistema de Protección Social Integral enfocado en la vejez, invalidez y muerte. Esta legislación, conocida comúnmente como la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, se estructura en torno a cuatro pilares: semicontributivo, contributivo, solidario y ahorro voluntario, siguiendo recomendaciones del Banco Mundial. A menos de un año de su implementación, el gobierno nacional se enfrenta al reto de realizar las modificaciones necesarias, generando incertidumbre debido al limitado tiempo disponible.
El segundo semestre de 2024 se presenta crucial para la puesta en marcha de esta reforma, especialmente considerando que la Corte Constitucional ya ha aceptado una primera demanda en su contra. El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, destaca que la reglamentación de la ley es uno de los mayores desafíos en el corto plazo.
El Camino Hacia la Implementación
Según Velasco, la implementación de esta reforma exige un esfuerzo significativo en términos regulatorios. Alrededor del 60% de los artículos de la ley aprobada requieren reglamentación, la cual debe alinearse con el desarrollo tecnológico necesario para garantizar un funcionamiento eficiente del nuevo sistema.
El gobierno ha asignado a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la responsabilidad de liderar este proceso desde su oficina. Junto a ella, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (UARF), el Ministerio de Salud, la Superintendencia Financiera, y el Departamento de Prosperidad Social estarán trabajando en conjunto para asegurar la implementación exitosa del sistema. Colpensiones y el Banco de la República también desempeñarán roles clave, especialmente en la integración tecnológica con la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
El sector privado, representado por los cuatro fondos de pensiones (Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia), también participará activamente en este proceso a través de Asofondos. Además, la ley permite la inclusión de nuevos actores para la administración de recursos.
Proceso de Reglamentación
Se espera que el borrador del reglamento esté listo para noviembre de 2024, lo que deja un periodo de tres meses para finalizar el 60% de los artículos. Este proceso requerirá una coordinación estrecha entre todas las entidades involucradas, con el fin de lograr una transición operativa sin contratiempos.
Posibles Cambios y Ajustes
Existen discusiones sobre la posibilidad de realizar una «mini» reforma a la ley. Velasco indica que están a la espera de señales del gobierno sobre este tema, pero enfatiza la necesidad de avanzar con lo que ya está aprobado debido a la urgencia del tiempo. Cualquier cambio adicional, ya sea por nuevas iniciativas o fallos constitucionales, será evaluado e integrado en su momento.
Preparativos de Colpensiones y Otros Actores
La capacidad de Colpensiones para adaptarse a las nuevas exigencias es un punto de preocupación, pero Velasco confía en que la entidad, junto con otros actores del sistema, estará lista para implementar el nuevo sistema en la fecha prevista. La colaboración entre Colpensiones, el Banco de la República, y las administradoras de fondos de pensiones será fundamental para garantizar una transición sin interrupciones en los servicios para los usuarios.
Desafíos Adicionales: Inversiones Forzosas y Ahorro Pensional
Otro tema que ha generado debate es la propuesta del presidente Gustavo Petro de implementar inversiones forzosas para reactivar la economía. Velasco advierte que esta medida podría tener un impacto en el ahorro de la economía, y subraya la necesidad de analizar cuidadosamente cualquier propuesta antes de emitir un juicio.
En cuanto al futuro del ahorro pensional, Velasco asegura que las administradoras de fondos de pensiones seguirán comprometidas con la rentabilidad y seguridad del ahorro de los trabajadores. Aunque la reforma introduce cambios, el objetivo de las administradoras es mantener la confianza de los ahorradores y continuar siendo un vehículo seguro y rentable para el ahorro nacional.