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🔍 Denuncian que Ricardo Bonilla habrĂ­a dado orden explĂ­cita para sumar votos de congresistas en la ComisiĂłn de CrĂ©dito PĂșblico: ‘Mantenerlos felices’

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SegĂșn declaraciones de MarĂ­a Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, dentro del Ministerio de Hacienda – bajo su direcciĂłn – se implementĂł un mecanismo llamado “cupo indicativo” para asignar contratos a congresistas a cambio de su respaldo polĂ­tico.

Benavides afirmĂł que su labor consistĂ­a en garantizar la «gobernabilidad», manteniendo «felices» a los miembros de la ComisiĂłn de CrĂ©dito PĂșblico mediante la entrega de recursos, contratistas y apoyo estatal.
AdemĂĄs, manifestĂł que las reuniones para coordinar estas asignaciones se gestionaban directamente por Ăłrdenes del ministro Ricardo Bonilla, con listas y tablas de contratistas vinculados a cada congresista.

La denuncia abre la vĂ­a para investigaciones formales en contra del exministro y sus colaboradores, ya que podrĂ­a implicar delitos como cohecho, trĂĄfico de influencias y manipulaciĂłn de recursos pĂșblicos.

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Nacional

MĂĄs de 1.100 niños continĂșan sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

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đŸŽ’âš ïž MĂĄs de 1.100 estudiantes permanecen sin poder asistir a clases en la regiĂłn del Catatumbo debido al riesgo que representa la presencia de minas antipersona y otros artefactos explosivos en los caminos utilizados para llegar a las instituciones educativas. La situaciĂłn mantiene en alerta a las autoridades, que advierten sobre el impacto que el conflicto armado sigue teniendo en el acceso a la educaciĂłn de cientos de menores.

De acuerdo con la información conocida, las restricciones afectan principalmente a comunidades rurales, donde los estudiantes deben recorrer largos trayectos para llegar a los colegios. Ante el peligro de explosivos sembrados en diferentes sectores, las actividades académicas han sido suspendidas como medida de protección.

Las autoridades educativas y organismos humanitarios expresaron su preocupaciĂłn por las consecuencias que esta situaciĂłn tiene sobre el derecho a la educaciĂłn, ya que la interrupciĂłn de las clases puede prolongarse mientras no existan condiciones seguras para el desplazamiento de los alumnos y docentes.

Ademås del impacto en la formación académica, la suspensión de las jornadas escolares también afecta la alimentación y el bienestar de muchos menores que reciben apoyo a través de los programas de alimentación escolar, especialmente en las zonas mås apartadas del Catatumbo.

Las autoridades continĂșan evaluando alternativas para garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las aulas, al tiempo que insisten en la necesidad de fortalecer las acciones de desminado humanitario y las medidas de protecciĂłn para las comunidades que permanecen expuestas al riesgo de estos artefactos explosivos.

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Nacional

Tres policĂ­as resultan heridos tras ataque con drones explosivos contra estaciĂłn en Arenal, BolĂ­var

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đŸš”đŸ’„ Tres integrantes de la PolicĂ­a Nacional resultaron heridos luego de un ataque con drones cargados con explosivos contra la estaciĂłn de PolicĂ­a del municipio de Arenal, en el sur de BolĂ­var. El hecho, que ocurriĂł en medio de la escalada de acciones violentas en la regiĂłn, obligĂł a activar los protocolos de seguridad y atenciĂłn de emergencia para los uniformados afectados.

SegĂșn la informaciĂłn preliminar, los explosivos fueron lanzados desde drones que sobrevolaron la estaciĂłn policial, causando daños en las instalaciones y dejando lesionados a tres miembros de la instituciĂłn, quienes recibieron atenciĂłn mĂ©dica tras el ataque.

Las autoridades atribuyen esta modalidad de agresiĂłn a grupos armados ilegales que operan en la zona y que han recurrido al uso de aeronaves no tripuladas para atacar a la Fuerza PĂșblica, una prĂĄctica que representa un desafĂ­o creciente para las operaciones de seguridad en varias regiones del paĂ­s.

Tras el atentado, unidades del Ejército Nacional y de la Policía reforzaron la seguridad en el municipio, mientras se adelantan operaciones para identificar y ubicar a los responsables de la acción armada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cĂłmo fue planeado el ataque y determinar quĂ© grupo ilegal estarĂ­a detrĂĄs de los hechos. Entretanto, los uniformados heridos permanecen bajo observaciĂłn mĂ©dica, mientras se evalĂșa la magnitud de las lesiones sufridas durante la explosiĂłn.

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Nacional

Inpec evalĂșa permanencia de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros tras polĂ©mica por retoques estĂ©ticos

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âš–ïžđŸ›ïž El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) iniciĂł una evaluaciĂłn sobre la permanencia de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en la Escuela de Carabineros donde cumple una medida de reclusiĂłn, luego de la controversia generada por la realizaciĂłn de presuntos procedimientos estĂ©ticos durante su estadĂ­a en el lugar. La entidad busca establecer si existieron irregularidades y si se incumplieron las condiciones de su permanencia en el centro de reclusiĂłn.

La polémica surgió tras la difusión de imågenes y comentarios en redes sociales que señalarían que la creadora de contenido se habría practicado retoques estéticos mientras permanece privada de la libertad. Ante esta situación, el Inpec anunció la apertura de verificaciones internas para determinar cómo ocurrieron los hechos y si se vulneraron los protocolos establecidos para las personas privadas de la libertad.

Como parte de la revisiĂłn, las directivas del instituto analizan si Epa Colombia debe continuar en la Escuela de Carabineros o ser trasladada a otro establecimiento penitenciario, decisiĂłn que dependerĂĄ de los resultados de las investigaciones administrativas que se adelantan.

El Inpec aclarĂł que, por ahora, no se ha tomado una decisiĂłn definitiva sobre el futuro de la influenciadora dentro del sistema penitenciario y que el proceso se encuentra en etapa de evaluaciĂłn, respetando las garantĂ­as y el debido proceso.

Mientras avanzan las indagaciones, el organismo penitenciario busca establecer si hubo responsabilidades disciplinarias por parte de funcionarios o de terceros que hubieran facilitado la realización de los procedimientos señalados. El caso ha generado un amplio debate sobre los controles dentro de los centros de reclusión y el cumplimiento de las normas que regulan la permanencia de las personas privadas de la libertad.

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