🎓 La Universidad Nacional de Colombia enfrenta una disminución sostenida en la cantidad de jóvenes que buscan ingresar a sus programas de pregrado. Para el primer semestre de 2027, 39.397 personas presentaron el examen de admisión, la cifra más baja registrada por la institución en al menos dos décadas.

El número representa una reducción del 48 % frente al primer semestre de 2019, cuando 75.681 aspirantes realizaron la prueba. En ocho años, la Universidad Nacional pasó de recibir más de 75.000 candidatos a poco menos de 40.000.

La disminución no se limita a una sola sede. En Medellín también se ha evidenciado una reducción en la demanda por los programas de pregrado, un comportamiento que ha generado preguntas sobre las razones por las que los jóvenes están cambiando sus expectativas frente a la educación universitaria.

Entre las posibles explicaciones planteadas por expertos están las transformaciones en las expectativas de las nuevas generaciones frente al mercado laboral. Para algunos especialistas, los jóvenes buscan alternativas de formación que les permitan incorporarse más rápidamente al mundo del trabajo, mientras que las carreras universitarias tradicionales pueden representar procesos académicos más largos.

Otro elemento señalado está relacionado con la percepción sobre la duración de los programas. Para algunas familias y estudiantes, completar una carrera profesional implica varios años de formación antes de comenzar a obtener ingresos, lo que puede llevarlos a considerar otras opciones educativas o laborales.

A esto se suman los cambios en las preferencias de los jóvenes a la hora de escoger una profesión. Las nuevas generaciones pueden estar mostrando mayor interés por programas relacionados con áreas tecnológicas, formación técnica, educación virtual o alternativas que tengan una conexión más directa con determinadas oportunidades laborales.

La situación resulta relevante para una institución que históricamente ha recibido una alta demanda de estudiantes de diferentes regiones del país. La Universidad Nacional mantiene una oferta amplia de programas y es una de las principales instituciones públicas de educación superior de Colombia.

La reducción de aspirantes, por lo tanto, abre un debate sobre la relación entre la oferta académica de las universidades, las expectativas de los estudiantes y las transformaciones que está experimentando el mercado laboral.

Aunque las cifras muestran una caída significativa en el número de personas que presentan el examen, los expertos citados en el análisis advierten que no existe una única explicación para el fenómeno. Factores económicos, cambios culturales, nuevas alternativas de formación y las expectativas frente al tiempo que toma obtener un título pueden estar influyendo simultáneamente.

Para el primer semestre de 2027, los 39.397 aspirantes constituyen así un nuevo mínimo dentro del periodo analizado por la Universidad Nacional y reflejan un cambio en las decisiones de los jóvenes frente a la educación superior que continúa siendo objeto de análisis.

🚨 Un juez de Bogotá ordenó enviar a prisión a Sebastián Alejandro Mota Muete, señalado por la Fiscalía de asesinar a su exsuegra y de intentar atacar a su expareja en una vivienda del barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy. El procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados.

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de septiembre de 2026, cuando, según la investigación de la Fiscalía, el hombre llegó hasta la vivienda de su expareja alrededor de las 9:32 de la noche. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia, ingresó al inmueble y se dirigió al segundo piso, donde se encontraba la mujer.

La Fiscalía sostiene que allí se produjo una agresión contra la joven, cuyos gritos alertaron a su madre. La mujer bajó para intervenir y proteger a su hija, momento en el que, según la acusación, Mota Muete la atacó con un arma cortopunzante.

Las heridas provocadas durante la agresión le causaron la muerte a la mujer. El caso fue asumido como un posible feminicidio agravado, mientras que los hechos relacionados con el ataque contra la expareja fueron considerados por el ente acusador como una tentativa de feminicidio.

Después del ataque, el señalado habría intentado escapar por los tejados de las viviendas cercanas. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá reaccionó ante la situación y logró capturarlo en flagrancia.

Fiscalía investiga antecedentes de violencia

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso elementos que apuntarían a que la agresión no habría sido un hecho aislado. El ente investigador señaló que Mota Muete presuntamente habría ejercido diferentes formas de violencia y control sobre su expareja antes del ataque.

Según la Fiscalía, el hombre habría seguido y vigilado a la joven en su lugar de trabajo y habría intentado controlar aspectos de su vida personal, entre ellos la manera de vestir y las personas con las que se relacionaba.

La investigación también contempla una agresión anterior en la que, presuntamente, el procesado le habría causado una fractura en la nariz a su expareja. Además, la Fiscalía indicó que la madre de la joven habría estado expuesta a situaciones de violencia psicológica al presenciar las agresiones contra su hija.

Con base en estos elementos, el ente acusador solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, petición que fue acogida por el juez.

Mota Muete fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio. Al no aceptar los cargos, el proceso continuará en las siguientes etapas de la justicia penal para determinar su responsabilidad.

Bogotá reporta 11 feminicidios hasta julio

El caso se conoce en medio de las cifras de violencia contra las mujeres en Bogotá. De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, entre enero y julio de 2026 se habían registrado 11 feminicidios en la capital.

Durante los primeros seis meses del año, 1.869 mujeres fueron valoradas por posible riesgo de feminicidio y 809 de ellas fueron clasificadas en nivel extremo.

La Secretaría Distrital de la Mujer también reportó más de 252.000 atenciones entre enero y julio, de las cuales cerca del 64 % estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Estos datos hacen parte de las acciones institucionales para identificar casos de riesgo y activar rutas de protección y atención para las mujeres.

💰 La implementación de la reforma pensional en Colombia podría requerir una transformación importante en la operación de Colpensiones, especialmente si la Corte Constitucional acepta la solicitud de la entidad para aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 que fueron declaradas exequibles.

Colpensiones presentó el pasado 22 de septiembre una petición ante la Corte Constitucional para modificar el calendario establecido en la Sentencia C-264 de 2026. Actualmente, las disposiciones que quedaron vigentes están previstas para comenzar a aplicarse el 1 de abril de 2027, por lo que la entidad busca obtener un año adicional para completar los preparativos.

La solicitud está relacionada principalmente con las dificultades técnicas, financieras, administrativas y operativas que implica poner en funcionamiento el nuevo modelo pensional. Colpensiones sostiene que necesita tiempo adicional para adelantar procesos como la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales, las pruebas de sus sistemas y la preparación para recibir a un número mucho mayor de afiliados.

El abogado Camilo Cuervo Díaz, especialista en derecho laboral y seguridad social, explicó a Valora Analitik que el cambio representaría un desafío considerable para la entidad. Según su análisis, Colpensiones tendría que ampliar significativamente su capacidad para recibir cotizaciones, administrar información y atender el pago de las prestaciones contempladas en el nuevo esquema.

Uno de los principales cambios establecidos por la reforma está relacionado con el destino de las cotizaciones. Las personas que reciban hasta 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes realizarían sus aportes al componente de Prima Media administrado por Colpensiones, mientras que el ingreso que supere ese límite, hasta los 25 salarios mínimos, tendría un componente de ahorro individual.

El experto señaló que esta modificación aumentaría de manera considerable el número de trabajadores vinculados al componente administrado por Colpensiones. Cuervo Díaz calculó que la entidad podría llegar a recibir las cotizaciones de más del 90 % de los trabajadores que ganen menos de 2,3 salarios mínimos. Esta proporción corresponde a una estimación del abogado y no a una cifra oficial presentada por Colpensiones.

La entidad ha identificado 84 requerimientos relacionados con la puesta en marcha de la reforma. De ellos, 62 están directamente asociados con los cambios establecidos en la ley y los otros 22 corresponden a proyectos relacionados con la estrategia digital y la segunda fase del Sistema Nacional de Pensiones.

Entre las tareas pendientes se encuentran la interoperabilidad con otras entidades, el traslado y recepción masiva de afiliados, las pruebas de volumen, los procesos de ciberseguridad y la certificación de los sistemas tecnológicos. Colpensiones también deberá coordinar estas labores con fondos privados, entidades de recaudo, empleadores, redes financieras y organismos de control.

¿Qué pasaría con los afiliados?

Si la Corte Constitucional acepta la solicitud, el cambio principal sería el traslado de la fecha de entrada en funcionamiento de las disposiciones de la reforma del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028. Esto no significaría que toda la reforma quede anulada ni que los recursos que actualmente tienen los afiliados en fondos privados sean trasladados automáticamente a Colpensiones.

El nuevo sistema mantiene un componente de ahorro individual administrado por entidades privadas para las cotizaciones que correspondan a ese segmento. Por ello, la implementación requeriría coordinación entre Colpensiones y las administradoras privadas para realizar los procesos previstos por la ley.

Colpensiones argumenta que contar con un año adicional permitiría reducir los riesgos durante la transición y garantizar una implementación más organizada. La entidad también señaló que busca proteger la seguridad jurídica, la confianza de los afiliados y la estabilidad del sistema pensional.

La decisión ahora está en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Mientras no exista un nuevo pronunciamiento, la fecha que continúa vigente para la entrada en funcionamiento de las disposiciones declaradas exequibles es el 1 de abril de 2027.