⚖️ La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) atraviesa una disputa interna por la distribución de cargos y la conformación de mayorías dentro de su Comité Ejecutivo Nacional, justo cuando comenzó el proceso de concertación del salario mínimo para 2027. Diez de los 21 integrantes cuestionaron las decisiones adoptadas por una nueva mayoría de 11 dirigentes y advirtieron sobre posibles cambios en la posición de la central frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La controversia quedó plasmada en una carta titulada “Surge la CUT ‘Milagro’”, suscrita por diez integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos el presidente de la organización, Fabio Arias. Según los firmantes, los 11 miembros que conformarían la nueva mayoría habrían definido una redistribución de cargos sin alcanzar previamente un acuerdo con los otros diez integrantes.

Uno de los principales puntos de la disputa está relacionado con la continuidad de Fabio Arias en la presidencia de la CUT. Los diez dirigentes aseguran que la nueva mayoría pretende mantenerlo en ese cargo, pero cuestionan que esto pueda hacerse sin un acuerdo con el resto del Comité Ejecutivo.

“Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, señala la carta divulgada por los dirigentes.

En el documento, los firmantes también señalan que dentro de la nueva mayoría estaría un sector relacionado con Sinaltrainagro, cuyo dirigente, según ellos, habría expresado su adhesión a Abelardo de la Espriella. También mencionan a un sector de Dignidad y Compromiso que, de acuerdo con la carta, se habría opuesto a que la CUT adopte una posición de oposición frente al Gobierno.

Los diez dirigentes consideran que esta nueva correlación de fuerzas podría tener consecuencias sobre la postura política de la central sindical. Sin embargo, las afirmaciones sobre la composición y orientación de la nueva mayoría corresponden a los señalamientos realizados por los firmantes y no implican por sí mismas una confirmación independiente de que los 11 dirigentes respalden al Gobierno.

La disputa se produce en un momento clave para la organización sindical, debido al inicio de las conversaciones para definir el salario mínimo de 2027. El 1 de octubre se reunió la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con participación del Gobierno, las centrales obreras y representantes de los empleadores.

En esa primera reunión se estableció una hoja de ruta para las negociaciones y se fijó el 9 de octubre como fecha límite para presentar propuestas y observaciones. La siguiente reunión quedó programada para el 13 de octubre.

La CUT participa en este proceso junto con otras centrales sindicales como la CGT y la CTC, mientras que por el sector empresarial intervienen organizaciones como el Consejo Gremial Nacional, la Andi, Fenalco, la SAC, Acopi y Asobancaria.

Ante la división interna, los diez firmantes hicieron un llamado a las organizaciones sociales, sindicales y políticas para contribuir a preservar la unidad de la central. También plantearon la necesidad de revisar el rumbo que, según ellos, estaría tomando la organización a partir de la nueva correlación de fuerzas.

Por ahora, la controversia permanece dentro de la estructura directiva de la CUT y se desarrolla paralelamente a una negociación nacional de alto impacto para trabajadores y empleadores. La central deberá resolver sus diferencias internas mientras participa en las conversaciones sobre el salario mínimo del próximo año.

⚖️ La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud para realizar una audiencia de imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, a quien investiga por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento. El proceso está relacionado con denuncias de cinco mujeres por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2024.

De acuerdo con el ente investigador, los casos fueron recopilados por un Grupo de Tareas Especiales creado para investigar hechos relacionados con violencias basadas en género en el entorno de los medios de comunicación. Los hechos bajo investigación se habrían presentado cuando Orrego trabajaba en Caracol Televisión.

La Fiscalía señaló que, hasta el momento, ha documentado cinco posibles víctimas dentro de la investigación. La solicitud de audiencia fue presentada este viernes 2 de octubre, aunque todavía no se ha establecido la fecha en la que deberá comparecer ante un juez de control de garantías.

Las denuncias contra Orrego se hicieron públicas durante 2026 y algunas de ellas corresponden a mujeres que tuvieron relación laboral con el periodista. Entre los testimonios divulgados se encuentra el de una exempleante en práctica de Blu Radio, quien relató situaciones que, según su denuncia, incluyeron comentarios de contenido sexual, acercamientos físicos y mensajes que consideró intimidatorios.

El caso también se conoció en medio de otras denuncias contra periodistas y presentadores de medios de comunicación. En marzo de este año, Caracol Televisión informó la desvinculación de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, en un contexto marcado por denuncias de presunto acoso sexual que posteriormente fueron objeto de investigaciones.

La Fiscalía deberá presentar ante el juez los elementos que sustentan su solicitud de imputación y será la autoridad judicial la encargada de determinar si existen fundamentos para continuar el proceso bajo los cargos planteados por el ente investigador.

Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa previa a la eventual imputación y la solicitud de cargos no equivale a una condena ni determina la responsabilidad penal de Ricardo Orrego, quien deberá ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso judicial.

⚖️ El juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La decisión fue adoptada este 2 de octubre, luego de varias semanas de audiencias preliminares. La Fiscalía, la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana, que actúa como víctima, habían solicitado que Quintero Calle fuera enviado a un establecimiento carcelario, pero el juez no acogió esa petición y determinó que la medida se cumplirá en su lugar de residencia.

El proceso está relacionado con seis contratos cuyo valor conjunto supera los $17.600 millones y que fueron celebrados durante la pandemia de covid-19 para la adquisición de elementos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Según la Fiscalía, Quintero Calle habría tenido un papel de determinador en el presunto direccionamiento de estos procesos de contratación.

La investigación señala que los contratos habrían estado acompañados de un acuerdo para entregar un porcentaje de los recursos como contraprestación ilícita. La Fiscalía sostiene que inicialmente se habría planteado una comisión del 20 %, que posteriormente habría sido reducida al 15 %. El ente investigador calcula que alrededor de $2.481 millones habrían sido objeto del presunto desvío y atribuye a Quintero Calle una supuesta apropiación cercana a $1.387 millones. Estas cifras corresponden a la hipótesis presentada por la Fiscalía dentro del proceso.

De acuerdo con la investigación, Quintero no tenía un cargo formal dentro del Área Metropolitana ni habría firmado directamente los contratos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que habría intervenido en decisiones relacionadas con funcionarios de la entidad y que habría dado instrucciones para facilitar el desarrollo de los procesos cuestionados.

Durante la audiencia, Quintero Calle se declaró inocente. Su abogado, Santiago Trespalacios Carrasquilla, pidió que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran consideradas ilegales y excluidas del proceso, solicitud que fue rechazada por el despacho judicial. El juez consideró que existe una inferencia razonable de responsabilidad frente a los hechos investigados, pero esta determinación no constituye una condena.

En la misma audiencia también fue analizada la situación de Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los procesados. El juez decidió no imponerle una medida privativa de la libertad, por lo que quedó en libertad. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales de las personas vinculadas al caso y determinar qué ocurrió con los recursos públicos comprometidos en los contratos. Por ahora, Miguel Quintero Calle enfrentará el proceso bajo detención domiciliaria mientras avanzan las actuaciones judiciales.