El rechazo de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, que tenía como objetivo recaudar $9,8 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, ha generado un fuerte debate político y económico. Varios funcionarios del Gobierno nacional han expresado su desacuerdo con la decisión de las comisiones económicas del Congreso, sugiriendo que la negativa se basa en intereses corporativos y políticos, más que en argumentos económicos sólidos.
Acusaciones de Sesgo Político y Corporativo
Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), cuestionó la transparencia de los argumentos utilizados por los congresistas para bloquear la reforma, señalando un posible sesgo contra el Gobierno de Petro. En su crítica, Bolívar comparó la reforma de Petro con las leyes de financiamiento aprobadas bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Iván Duque, quienes también presentaron proyectos de financiamiento que fueron aprobados sin problemas, a pesar de ser de mayor envergadura que el de Petro.
“Los mismos Congresistas que en 2019 aprobaron una ley de financiamiento a Duque, que le regaló 20 billones a los más ricos, le niegan hoy al gobierno Petro una de 10 billones que tenía como únicos destinatarios a los más pobres de Colombia. Es un golpe doloroso, pero no nos rendimos”, manifestó Bolívar, sugiriendo que la negativa a la reforma es un «golpe blando» contra el Gobierno, como ha mencionado el presidente en varias ocasiones.
Consecuencias para el Gobierno y la Fuerza Pública
La negativa a la ley de financiamiento también ha generado preocupaciones sobre sus repercusiones en las capacidades del Gobierno para ejecutar proyectos clave. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió que la falta de recursos impactaría directamente en la operatividad de la Fuerza Pública, afectando el mantenimiento de equipos y flotas navales, fluviales, aéreas y terrestres, lo que podría poner en riesgo la capacidad de respuesta ante diversas amenazas.
Impacto en el Sector Cultural
El ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, también expresó su preocupación sobre el impacto financiero que tendrá la falta de una ley de financiamiento. Correa señaló que el sector cultural solo contará con $200.000 millones para 2025, en comparación con los $1,4 billones asignados en 2024, lo que representa un recorte significativo que afectará gravemente el funcionamiento y los proyectos culturales del país.
Crítica al Proceso Legislativo
El ministro Correa calificó la decisión de las comisiones como un asunto “político” que no tuvo en cuenta las necesidades y propuestas de la reforma, lo que podría generar graves consecuencias económicas para varios sectores del país. En sus declaraciones, también criticó la actitud de los medios y algunos políticos que, según él, no están abordando la situación de manera seria, eludiendo la discusión sobre las consecuencias de la decisión.
“Nos hacen más fuertes sorteando tormentas», añadió Bolívar, subrayando que el Gobierno no se rendirá ante las dificultades y continuará luchando por las reformas necesarias, aunque reconociendo la complejidad de la situación.
🌧️ Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron afectaciones en distintos puntos del Magdalena. Mientras varios sectores de Santa Marta terminaron bajo el agua tras el aguacero del sábado 26 de septiembre, en la Zona Bananera los productores reportaron nuevos daños en cultivos de banano y plátano debido a los fuertes vientos.
En las fincas de la zona rural quedaron evidenciadas numerosas plantas derribadas por el fenómeno climático. Los productores aseguran que este tipo de afectaciones se han repetido durante el año y que las pérdidas se suman a las dificultades económicas y de seguridad que enfrenta actualmente el sector.
José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), señaló que este corresponde al sexto episodio de vientos que afecta los cultivos durante 2026. El dirigente gremial manifestó su preocupación por el impacto que estos eventos están teniendo sobre las familias que dependen de la producción bananera.
A los daños ocasionados por el clima se agregan otros factores que presionan a los productores, entre ellos la disminución de la tasa representativa del mercado y las dificultades de seguridad en las zonas rurales. La situación genera preocupación además por las negociaciones comerciales que se adelantarán próximamente para definir los precios del banano de cara a 2027.
Desde Asbama hicieron un llamado a los supermercados y compradores internacionales para que tengan en cuenta las condiciones que están enfrentando los productores y se establezcan acuerdos comerciales que permitan mantener la actividad y la estabilidad de las familias vinculadas al sector.
En Santa Marta, por otra parte, las precipitaciones provocaron inundaciones en al menos 11 sectores, entre ellos Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes, Bonda, Timayuí, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.
Videos registrados por habitantes muestran calles cubiertas de agua y vehículos con dificultades para movilizarse. Algunas vías de sectores como Timayuí y Los Alpes quedaron prácticamente intransitables debido al volumen de agua que descendió desde las zonas altas.
Ante la situación, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los puntos afectados. Hasta el momento de los reportes conocidos no se habían informado personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones.
El Ideam indicó preliminarmente que en la estación del Aeropuerto Simón Bolívar se registraron 36,8 milímetros de lluvia en aproximadamente dos horas. El organismo aclaró que estos datos todavía están sujetos a procesos de validación y podrían presentar modificaciones.
Las lluvias también provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que terminó arrastrando grandes cantidades de residuos hacia la bahía de Santa Marta. Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron cómo la corriente transportó basura acumulada en diferentes sectores de la ciudad hasta desembocar en el mar, generando una nueva alerta por el impacto ambiental sobre el ecosistema marino.
🚨 Una operación conjunta del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dejó como resultado la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias Robinson Gutiérrez, y la captura de otros tres presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia. El operativo se desarrolló en la vereda El Cadillo, zona rural del municipio de Tello, Huila.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Robinson Gutiérrez era señalado como uno de los responsables del componente financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Su nombre también fue relacionado con la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado de la operación y afirmó que el hombre estaría implicado en el crimen del dirigente político. Sin embargo, precisó que la información corresponde a un balance preliminar y que los detalles serán ampliados una vez finalice la verificación de los resultados.
Según información citada por El Colombiano, la presunta participación de Guzmán González en el asesinato de Uribe Turbay habría estado relacionada con la logística financiera del crimen. Este señalamiento deberá ser esclarecido por las autoridades dentro de las investigaciones correspondientes.
En el mismo procedimiento fueron capturados otros tres integrantes de la estructura armada. Hasta el momento, no se han divulgado sus identidades ni las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de la organización.
¿Quién era alias Robinson Gutiérrez?
Los reportes de inteligencia identificaban a Miguel Orlando Guzmán González como uno de los cabecillas de la estructura Teófilo Forero Castro. Desde 2024, habría asumido responsabilidades relacionadas con las finanzas del grupo, además de cumplir funciones políticas dentro de la organización.
Su trayectoria se remontaría a la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. De acuerdo con los informes conocidos por las autoridades, durante varios años habría ocupado diferentes posiciones dentro de estructuras armadas, hasta llegar a desempeñar un papel de dirección en la organización vinculada a la Segunda Marquetalia.
Los organismos de inteligencia también lo relacionaban con actividades de extorsión, amenazas contra campesinos, reclutamiento de menores y acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.
Entre los hechos que le atribuían figura un presunto ataque contra un vehículo de la empresa de transporte Coomotor en 2022, que habría sido incendiado como represalia por el supuesto incumplimiento de exigencias extorsivas. Asimismo, habría sido relacionado con un falso retén en Caquetá en 2024 y con el secuestro de tres personas en zona rural de San Vicente del Caguán en 2025.
Sobre Guzmán González también se reportaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio y extorsión, según los antecedentes de inteligencia citados en los informes periodísticos.
La operación en Tello representa un golpe contra la estructura Teófilo Forero Castro, señalada de mantener presencia en Huila y Caquetá. No obstante, las autoridades deberán precisar los alcances del procedimiento y establecer, con base en las investigaciones, la eventual participación
📱 La divulgación de conversaciones entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, quien fue cercana a Verónica Alcocer y ocupó un cargo en el Gobierno, volvió a poner bajo escrutinio varios episodios relacionados con la exprimera dama. Los mensajes contienen reclamos personales y económicos, además de señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles influencias en entidades estatales.
Los chats, intercambiados durante varios años, muestran el deterioro de la relación entre Ferrer y Alcocer. En uno de los mensajes, Petro reconoció su inconformidad con la actitud de su entonces esposa, mientras Ferrer le manifestó sus diferencias con ella y con personas de su círculo cercano.
Uno de los asuntos centrales es el reclamo económico de Ferrer, quien asegura que están pendientes más de 640 millones de pesos por servicios de asesoría durante la campaña presidencial de 2022 y gastos relacionados con los primeros meses del Gobierno. La exfuncionaria sostiene que no recibió la totalidad de los pagos que le correspondían.
Las revelaciones también incluyen acusaciones de Ferrer sobre un supuesto uso de intermediarios y familiares para manejar propiedades, así como presuntas presiones y gestiones relacionadas con cargos y contratos públicos. Alcocer ha rechazado estos señalamientos y ha afirmado que no corresponden a la realidad. Las afirmaciones divulgadas no constituyen, por sí solas, una comprobación de conductas ilegales.
Otro de los temas señalados es el denominado grupo de “Los Verónicos”, nombre con el que se identificó a un círculo de personas cercanas a Alcocer. Entre ellas figuran los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, además de Víctor Hugo Sierra y Yeirson Gamero. Sus nombres han aparecido en denuncias y controversias relacionadas con negocios, contratos y presuntas conexiones con espacios de poder durante el Gobierno.
En el caso de Ecopetrol, las publicaciones recogen señalamientos sobre una posible influencia de Alcocer en decisiones y nombramientos, incluido el proceso que llevó a Ricardo Roa a la presidencia de la compañía. También se han conocido cuestionamientos sobre presuntas gestiones en Cenit, filial de transporte de hidrocarburos. Estas acusaciones requieren ser examinadas por las autoridades y no deben interpretarse como responsabilidades establecidas.
La controversia también abarca los viajes internacionales de Alcocer en representación del Estado. Durante el Gobierno de Petro, fue designada como embajadora en misión especial para asistir a actos como los funerales de la reina Isabel II y del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Por esos compromisos se reportaron gastos reconocidos por cerca de 63,7 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre la necesidad de su participación y el uso de recursos públicos.
A esto se sumaron críticas por los costos de algunos colaboradores que acompañaban a la entonces primera dama. Investigaciones periodísticas señalaron que servicios de estilismo, fotografía, protocolo y apoyo a su agenda se contrataron a través de distintas entidades estatales, con pagos que en conjunto superaban los mil millones de pesos. También hubo cuestionamientos por contratos de figuras cercanas, como el coreógrafo Nerú Martínez, vinculado a actividades de bienestar y clima laboral en Presidencia.
Otro nombramiento que generó debate fue el de Concepción Baracaldo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Baracaldo reconoció que Alcocer la contactó para ofrecerle el cargo, pese a que no contaba con experiencia previa en asuntos de niñez, según los reportes publicados en ese momento.
Las tensiones dentro del entorno presidencial también quedaron expuestas en las disputas entre Alcocer, Ferrer y otros funcionarios. En 2024, la exprimera dama denunció un supuesto complot para involucrarla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese contexto surgieron señalamientos sobre posibles seguimientos y conflictos entre integrantes del círculo cercano al entonces presidente, aunque las acusaciones cruzadas no quedaron demostradas públicamente en los términos planteados por las partes.
En el ámbito familiar, Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del expresidente, respectivamente, han hablado públicamente de desacuerdos y de un trato que calificaron como injusto por parte de Alcocer. Sus declaraciones describen conflictos personales y políticos, incluidos cuestionamientos sobre la participación de la familia en actividades de campaña.
Finalmente, la estadía de Alcocer en Suecia también generó controversia después de que medios de ese país publicaran información sobre su vida social y sus gastos. Petro negó que ella utilizara recursos públicos para financiar sus actividades personales, mientras que desde el entorno diplomático surgieron comentarios críticos sobre su comportamiento. La financiación de ese estilo de vida fue uno de los interrogantes planteados en los reportes.
Los episodios reunidos por El Colombiano abarcan presuntas irregularidades, contratación pública, viajes oficiales, disputas personales y cuestionamientos sobre el círculo de confianza de la exprimera dama. Sin embargo, varios de los señalamientos provienen de testimonios, denuncias o investigaciones periodísticas y deben distinguirse de hechos que hayan sido establecidos por las autoridades.