La reciente designación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia, anunciada el 12 de diciembre por el presidente Gustavo Petro, ha generado una intensa polémica tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Las críticas se centran en los antecedentes de Mendoza, incluidos comentarios misóginos y vulgares, así como en aspectos relacionados con su conducta pública.

Reacciones desde el Gobierno

La vicepresidenta Francia Márquez, también ministra de Igualdad y Equidad, expresó su rechazo mediante un contundente mensaje en la red social X (anteriormente Twitter). Márquez destacó que esta decisión contradice los principios fundamentales del Gobierno del cambio, especialmente en su lucha contra las violencias patriarcales y su compromiso con las mujeres.

“Como vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y la Equidad, no puedo tolerar la misoginia… Esto es una cuestión de principios, y los principios no se negocian”, afirmó Márquez, subrayando que este nombramiento es inconsistente con los valores que el Gobierno prometió defender.

El Presidente Justifica su Elección

En medio de la controversia, el presidente Petro defendió públicamente su decisión, argumentando que las críticas carecen de sustento moral. Durante un acto en Barranquilla, afirmó que la oposición al nombramiento responde a prejuicios y no a actos concretos de violencia:

“Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza… ¿Cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor?”, señaló Petro. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, al percibirse como una minimización de las denuncias.

Indignación Generalizada

Funcionarias de alto rango, como Iris Marín, defensora del Pueblo, y las embajadoras itinerantes Arlene Tickner y Laura Gil, han sumado sus voces al rechazo. En particular, Marín destacó preocupaciones relacionadas con los comentarios de Mendoza sobre relaciones sexuales con menores y situaciones de consentimiento dudoso, calificándolos como apología a la violencia sexual.

Además, más de 100 figuras públicas colombianas firmaron una carta dirigida al canciller Luis Gilberto Murillo, denunciando que esta decisión desvirtúa el compromiso del Gobierno con la igualdad de género y los derechos humanos.

Implicaciones Políticas y Sociales

La controversia subraya tensiones internas en el Gobierno y plantea preguntas sobre la coherencia entre sus discursos y decisiones. Mientras sectores sociales y políticos exigen un replanteamiento, la situación pone a prueba la credibilidad de las políticas progresistas del presidente Petro, especialmente en materia de género y derechos humanos.