⚖️ La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) atraviesa una disputa interna por la distribución de cargos y la conformación de mayorías dentro de su Comité Ejecutivo Nacional, justo cuando comenzó el proceso de concertación del salario mínimo para 2027. Diez de los 21 integrantes cuestionaron las decisiones adoptadas por una nueva mayoría de 11 dirigentes y advirtieron sobre posibles cambios en la posición de la central frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La controversia quedó plasmada en una carta titulada “Surge la CUT ‘Milagro’”, suscrita por diez integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos el presidente de la organización, Fabio Arias. Según los firmantes, los 11 miembros que conformarían la nueva mayoría habrían definido una redistribución de cargos sin alcanzar previamente un acuerdo con los otros diez integrantes.

Uno de los principales puntos de la disputa está relacionado con la continuidad de Fabio Arias en la presidencia de la CUT. Los diez dirigentes aseguran que la nueva mayoría pretende mantenerlo en ese cargo, pero cuestionan que esto pueda hacerse sin un acuerdo con el resto del Comité Ejecutivo.

“Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, señala la carta divulgada por los dirigentes.

En el documento, los firmantes también señalan que dentro de la nueva mayoría estaría un sector relacionado con Sinaltrainagro, cuyo dirigente, según ellos, habría expresado su adhesión a Abelardo de la Espriella. También mencionan a un sector de Dignidad y Compromiso que, de acuerdo con la carta, se habría opuesto a que la CUT adopte una posición de oposición frente al Gobierno.

Los diez dirigentes consideran que esta nueva correlación de fuerzas podría tener consecuencias sobre la postura política de la central sindical. Sin embargo, las afirmaciones sobre la composición y orientación de la nueva mayoría corresponden a los señalamientos realizados por los firmantes y no implican por sí mismas una confirmación independiente de que los 11 dirigentes respalden al Gobierno.

La disputa se produce en un momento clave para la organización sindical, debido al inicio de las conversaciones para definir el salario mínimo de 2027. El 1 de octubre se reunió la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con participación del Gobierno, las centrales obreras y representantes de los empleadores.

En esa primera reunión se estableció una hoja de ruta para las negociaciones y se fijó el 9 de octubre como fecha límite para presentar propuestas y observaciones. La siguiente reunión quedó programada para el 13 de octubre.

La CUT participa en este proceso junto con otras centrales sindicales como la CGT y la CTC, mientras que por el sector empresarial intervienen organizaciones como el Consejo Gremial Nacional, la Andi, Fenalco, la SAC, Acopi y Asobancaria.

Ante la división interna, los diez firmantes hicieron un llamado a las organizaciones sociales, sindicales y políticas para contribuir a preservar la unidad de la central. También plantearon la necesidad de revisar el rumbo que, según ellos, estaría tomando la organización a partir de la nueva correlación de fuerzas.

Por ahora, la controversia permanece dentro de la estructura directiva de la CUT y se desarrolla paralelamente a una negociación nacional de alto impacto para trabajadores y empleadores. La central deberá resolver sus diferencias internas mientras participa en las conversaciones sobre el salario mínimo del próximo año.

⚖️ El juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La decisión fue adoptada este 2 de octubre, luego de varias semanas de audiencias preliminares. La Fiscalía, la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana, que actúa como víctima, habían solicitado que Quintero Calle fuera enviado a un establecimiento carcelario, pero el juez no acogió esa petición y determinó que la medida se cumplirá en su lugar de residencia.

El proceso está relacionado con seis contratos cuyo valor conjunto supera los $17.600 millones y que fueron celebrados durante la pandemia de covid-19 para la adquisición de elementos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Según la Fiscalía, Quintero Calle habría tenido un papel de determinador en el presunto direccionamiento de estos procesos de contratación.

La investigación señala que los contratos habrían estado acompañados de un acuerdo para entregar un porcentaje de los recursos como contraprestación ilícita. La Fiscalía sostiene que inicialmente se habría planteado una comisión del 20 %, que posteriormente habría sido reducida al 15 %. El ente investigador calcula que alrededor de $2.481 millones habrían sido objeto del presunto desvío y atribuye a Quintero Calle una supuesta apropiación cercana a $1.387 millones. Estas cifras corresponden a la hipótesis presentada por la Fiscalía dentro del proceso.

De acuerdo con la investigación, Quintero no tenía un cargo formal dentro del Área Metropolitana ni habría firmado directamente los contratos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que habría intervenido en decisiones relacionadas con funcionarios de la entidad y que habría dado instrucciones para facilitar el desarrollo de los procesos cuestionados.

Durante la audiencia, Quintero Calle se declaró inocente. Su abogado, Santiago Trespalacios Carrasquilla, pidió que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran consideradas ilegales y excluidas del proceso, solicitud que fue rechazada por el despacho judicial. El juez consideró que existe una inferencia razonable de responsabilidad frente a los hechos investigados, pero esta determinación no constituye una condena.

En la misma audiencia también fue analizada la situación de Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los procesados. El juez decidió no imponerle una medida privativa de la libertad, por lo que quedó en libertad. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales de las personas vinculadas al caso y determinar qué ocurrió con los recursos públicos comprometidos en los contratos. Por ahora, Miguel Quintero Calle enfrentará el proceso bajo detención domiciliaria mientras avanzan las actuaciones judiciales.

🌾 La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) manifestó su preocupación por la difícil situación económica que atraviesan los productores de arroz en distintas regiones del país, especialmente en Casanare, donde los bajos precios de comercialización durante 2025 y 2026, sumados a las afectaciones climáticas, han puesto en riesgo la continuidad de numerosas actividades productivas.

De acuerdo con el gremio, los precios recibidos por los agricultores no han permitido cubrir los costos de producción, mientras que la disminución en los rendimientos ocasionada por factores climáticos ha reducido aún más los ingresos de los productores y su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas.

La situación tendría una incidencia particularmente fuerte en Casanare, departamento que concentra una parte importante de la producción arrocera nacional y que, además, ha enfrentado graves inundaciones. Fedearroz señaló que, hasta el momento, los productores afectados no cuentan con medidas de salvamento suficientes que les permitan recuperarse y mantener sus actividades agrícolas.

El gremio también cuestionó las condiciones de comercialización que enfrentaron los arroceros casanareños frente a la industria molinera. Según Fedearroz, los aumentos en los precios de compra del arroz paddy se produjeron cuando cerca del 80 % de la cosecha ya había salido al mercado, por lo que gran parte de la producción se comercializó sin alcanzar a cubrir los costos de producción.

Fedearroz recordó además que los agricultores de Casanare habían asumido el compromiso de reducir el área sembrada como parte de las acciones para contribuir al equilibrio de la oferta. Sin embargo, el gremio considera que las condiciones de compra no respondieron de manera adecuada a la situación económica que enfrentaban los productores.

La Federación también puso sobre la mesa la eliminación, desde 2023, de mecanismos que durante décadas contribuyeron a regular la comercialización del arroz, entre ellos los precios de referencia y el incentivo al almacenamiento. Según el gremio, estas herramientas ayudaron durante cerca de 30 años a evitar que la concentración de la oferta durante las épocas de cosecha provocara una caída excesiva de los precios pagados a los agricultores.

Ante este panorama, Fedearroz solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adoptar medidas de apoyo de manera urgente, principalmente mecanismos que permitan refinanciar las obligaciones de los productores y brindarles un alivio financiero frente a las pérdidas acumuladas.

El gremio también pidió fortalecer los mecanismos de seguimiento y ordenamiento de la comercialización, así como establecer herramientas que permitan prevenir prácticas en materia de precios que puedan deteriorar aún más la situación económica de los agricultores.

Para Fedearroz, la recuperación del sector requiere reglas claras, condiciones de comercialización previsibles y mecanismos que tengan en cuenta los costos reales de producción y las diferencias existentes entre las regiones arroceras del país.

La Federación recordó que detrás de cada cosecha existen inversiones, créditos, compromisos financieros y el sustento de miles de familias rurales. Por ello, insistió en que las dificultades actuales deben ser atendidas con medidas que permitan recuperar la capacidad productiva de los agricultores.

Finalmente, Fedearroz hizo un llamado al Ministerio de Agricultura y a los demás actores de la cadena para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones. El gremio aseguró que está dispuesto a aportar propuestas orientadas a proteger a los productores, fortalecer la competitividad y garantizar la continuidad de la producción nacional de arroz.