🌾 La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) manifestó su preocupación por la difícil situación económica que atraviesan los productores de arroz en distintas regiones del país, especialmente en Casanare, donde los bajos precios de comercialización durante 2025 y 2026, sumados a las afectaciones climáticas, han puesto en riesgo la continuidad de numerosas actividades productivas.

De acuerdo con el gremio, los precios recibidos por los agricultores no han permitido cubrir los costos de producción, mientras que la disminución en los rendimientos ocasionada por factores climáticos ha reducido aún más los ingresos de los productores y su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas.

La situación tendría una incidencia particularmente fuerte en Casanare, departamento que concentra una parte importante de la producción arrocera nacional y que, además, ha enfrentado graves inundaciones. Fedearroz señaló que, hasta el momento, los productores afectados no cuentan con medidas de salvamento suficientes que les permitan recuperarse y mantener sus actividades agrícolas.

El gremio también cuestionó las condiciones de comercialización que enfrentaron los arroceros casanareños frente a la industria molinera. Según Fedearroz, los aumentos en los precios de compra del arroz paddy se produjeron cuando cerca del 80 % de la cosecha ya había salido al mercado, por lo que gran parte de la producción se comercializó sin alcanzar a cubrir los costos de producción.

Fedearroz recordó además que los agricultores de Casanare habían asumido el compromiso de reducir el área sembrada como parte de las acciones para contribuir al equilibrio de la oferta. Sin embargo, el gremio considera que las condiciones de compra no respondieron de manera adecuada a la situación económica que enfrentaban los productores.

La Federación también puso sobre la mesa la eliminación, desde 2023, de mecanismos que durante décadas contribuyeron a regular la comercialización del arroz, entre ellos los precios de referencia y el incentivo al almacenamiento. Según el gremio, estas herramientas ayudaron durante cerca de 30 años a evitar que la concentración de la oferta durante las épocas de cosecha provocara una caída excesiva de los precios pagados a los agricultores.

Ante este panorama, Fedearroz solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adoptar medidas de apoyo de manera urgente, principalmente mecanismos que permitan refinanciar las obligaciones de los productores y brindarles un alivio financiero frente a las pérdidas acumuladas.

El gremio también pidió fortalecer los mecanismos de seguimiento y ordenamiento de la comercialización, así como establecer herramientas que permitan prevenir prácticas en materia de precios que puedan deteriorar aún más la situación económica de los agricultores.

Para Fedearroz, la recuperación del sector requiere reglas claras, condiciones de comercialización previsibles y mecanismos que tengan en cuenta los costos reales de producción y las diferencias existentes entre las regiones arroceras del país.

La Federación recordó que detrás de cada cosecha existen inversiones, créditos, compromisos financieros y el sustento de miles de familias rurales. Por ello, insistió en que las dificultades actuales deben ser atendidas con medidas que permitan recuperar la capacidad productiva de los agricultores.

Finalmente, Fedearroz hizo un llamado al Ministerio de Agricultura y a los demás actores de la cadena para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones. El gremio aseguró que está dispuesto a aportar propuestas orientadas a proteger a los productores, fortalecer la competitividad y garantizar la continuidad de la producción nacional de arroz.

🌱 La directora general de Corporinoquia, Diana Carolina Mariño Mondragón, participó como vocera de la Orinoquía en un encuentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), liderado por el Ministerio de Ambiente, en el que fueron analizados los principales desafíos ambientales del país y se suscribió el Acuerdo SINA: Agua, Biodiversidad y Comunidades.

Durante la jornada, Mariño Mondragón presentó un diagnóstico sobre las principales situaciones socioambientales que afectan a los territorios de la Orinoquía y destacó la importancia de que las particularidades de esta región sean tenidas en cuenta en las decisiones y estrategias que se definan desde el ámbito nacional.

Entre los asuntos planteados estuvieron el ordenamiento territorial, la planificación de las cuencas hidrográficas y la necesidad de ampliar el conocimiento sobre las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Estos elementos, según la entidad, son fundamentales para fortalecer la gestión ambiental y mejorar la toma de decisiones en una región caracterizada por su gran extensión y diversidad de ecosistemas.

“Este diagnóstico y esas problemáticas socioambientales que tenemos a lo largo de nuestra vasta jurisdicción, y sobre todo esas posibles soluciones, deben quedar en el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló la directora general de Corporinoquia.

Durante su intervención también propuso aprovechar herramientas tecnológicas para fortalecer el conocimiento del territorio. En ese sentido, planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto de inteligencia ambiental territorial que permita disponer de información oportuna para orientar las decisiones y, al mismo tiempo, identificar las particularidades de las diferentes zonas de la Orinoquía.

“Que podamos tener información para tomar decisiones, pero también donde se puedan revisar esas particularidades, esas dimensiones que se tienen sobre todo en la Orinoquía, que requieren financiación para poder atender esos retos”, explicó Mariño.

La directora señaló además que las dimensiones y características de la región representan desafíos que requieren recursos suficientes y mayores capacidades institucionales. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer a las autoridades ambientales para responder de manera adecuada a las problemáticas presentes en el territorio.

Como parte del encuentro, las entidades que conforman el SINA suscribieron el Acuerdo SINA: Agua, Biodiversidad y Comunidades, una hoja de compromisos orientada a fortalecer la gestión ambiental a partir del conocimiento, la protección de los ecosistemas y la participación de las comunidades.

El acuerdo contempla diez compromisos relacionados con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la seguridad hídrica, la participación comunitaria, la recuperación de bosques y ecosistemas estratégicos, la sostenibilidad de la infraestructura, la transición energética y el aprovechamiento de la información y la tecnología para la toma de decisiones.

También incluye acciones dirigidas a la prevención y atención de conflictos socioambientales, con el propósito de fortalecer la articulación entre las instituciones y los territorios.

Para Corporinoquia, la participación en este espacio permitió poner sobre la mesa las necesidades específicas de la Orinoquía y plantear que las políticas ambientales nacionales incorporen las condiciones ecológicas, territoriales y sociales de esta región.

🚨 Un caso de presunto maltrato infantil generó preocupación en Cali luego de que una psicóloga denunciara que un niño de cinco años habría sido sujetado a una silla dentro de un centro de estimulación multisensorial, aparentemente después de arrojar al piso su plato de comida.

La denuncia fue realizada por Katerine Trujillo Herrera, psicóloga clínica que adelantaba sus prácticas de maestría en el establecimiento. Según su relato, durante una de sus jornadas observó al menor sentado y sujeto mediante un elemento similar a un chaleco, que estaba asegurado a la silla y limitaba sus movimientos.

De acuerdo con la profesional, el niño habría permanecido en esa condición durante cerca de 40 minutos. En un video difundido por Trujillo se escucha al menor explicar, entre lágrimas, que la situación se produjo después de que rompiera un plato y regara la comida.

La psicóloga también aseguró que el hecho no habría sido aislado. Según su testimonio, regresó posteriormente al lugar para comprobar si este tipo de medidas se repetían y afirmó haber observado nuevamente al mismo niño en circunstancias similares, además de otra forma de contención aplicada a otro menor.

Trujillo manifestó que informó lo ocurrido a las autoridades y que la Regional Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tuvo conocimiento de la denuncia. La profesional aclaró que no le corresponde determinar si existió una vulneración de derechos, pues esa conclusión debe ser establecida mediante la investigación correspondiente.

El ICBF confirmó que activó la ruta de atención y que el caso fue remitido al Centro Zonal Nororiental, donde un defensor de familia adelanta la verificación de los derechos del niño y determinará las medidas que sean necesarias para garantizar su protección. La entidad también indicó que no entregará información que pueda afectar la intimidad o integridad del menor mientras avanza el proceso.

Por su parte, el Centro de Estimulación Multisensorial S.A.S. (CEM) rechazó las interpretaciones difundidas en redes sociales y sostuvo que las imágenes corresponden a una situación presentada de manera parcial y, según la institución, fuera de contexto. El centro señaló que las intervenciones de regulación emocional y manejo conductual requieren una evaluación integral y aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades.

La institución también solicitó a la psicóloga retirar el material publicado y realizar una rectificación pública, argumentando que la difusión de las imágenes puede afectar los derechos y la intimidad del menor. Al mismo tiempo, pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer responsabilidades.

El ICBF aclaró además que el centro mencionado en la denuncia no hace parte de los operadores que la entidad tiene contratados para prestar servicios de atención a niños, niñas y adolescentes en Cali, ni brinda atención directamente a través del Instituto.

Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente dentro del establecimiento, si las medidas aplicadas correspondían a algún protocolo de atención y si se produjo una vulneración de los derechos del niño.