El gobernador de Casanare Salomón Sanabria y su Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), informa que a primera hora de este 09 de octubre, se sesionó por segunda vez en Sala de Crisis, activa desde el día sábado, debido al alto riesgo de colapso del puente sobre el río Ariporo, donde se tomaron las siguientes medidas:
1. De acuerdo a los análisis realizados por el INVÍAS, ante el movimiento que ha venido presentando el puente; para proteger vidas humanas se CIERRA TOTALMENTE EL PASO PARA PEATONES sobre la estructura. Se solicita a las empresas de servicio público de transporte abtenerse de enviar pasajeros, pues no se ha definido el nuevo mecanismo de transbordo.
2. Se ha establecido como ruta alterna la vía: Paz de Ariporo, vereda La Aguada, Teislandia, resguardo Barro Negro, El Degrero, puente La Cabuya sobre el río Casanare.
3. Por parte de la Gobernación de Casanare a través de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura, se realizará mantenimiento a los puntos críticos de la vía alterna antes señalada. Para lo cual, ya se desplazó maquinaria hacia el carreteable.
4. Igualmente, el gobernador Salomón Sanabria apoyará al INVIAS, con dos retroexcavadoras, que serán puestas en el sitio de la emergencia, para que sean usadas según el plan de trabajo que defina el Instituto Nacional de Vías, ya sea para proteger el puente o para adecuar un paso alterno sobre el afluente.
5. El CDGRD en pleno, exigió al INVÍAS que debe establecer el plan de contingencia (documento) para hoy, con tiempos y acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de la emergencia y recuperación de la misma.
6. Los organismos de socorro: Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, apoyarán la contingencia para proteger vidas humanas, mientras es aprobado el plan de contingencia al INVÍAS.
El Consejo de Gestión del Riesgo, se permite aclarar que el Instituto Nacional de Vías a través de su empresa contratista, Consorcio Vías Nacionales, es el único responsable de asumir todo el plan de contingencia que implica la situación presentada, por tratarse de una vía de primer orden (Nacional). Las acciones que desarrolle la Gobernación de Casanare, los organismos de Socorro u otra entidad de este Consejo, se realizará bajo los principios de subsidiariedad y concurrencia.
Se hace un llamado a toda la población casanareña, a no intentar cruzar el río Ariporo por su propia cuenta, para evitar pérdidas humanas. El transbordo de personas será definido e informado en las próximas horas. Recordemos que la Gestión del Riesgo es responsabilidad de todos, según lo establecido en la ley 1523 del 2012.
Esta Sala de Crisis permanecerá activa hasta que sea superada la emergencia, con la participación de los alcaldes de los municipios impactados negativamente: Eunice Escobar alcaldesa de Paz de Ariporo, Dario García alcalde de Hato Corozal, Octavío Salamanca alcalde de La Salina, Duván González alcalde de Sácama y los diputados Alejandro López y Eduardo García.
El futuro de la empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP S.A.S. E.S.P., volvió a generar un intenso debate político y ciudadano luego de que la Comisión Primera de Planeación del Concejo Municipal aprobara en primer debate el Proyecto de Acuerdo 040 de 2026, iniciativa que busca ratificar la descentralización integral del servicio y establecer nuevas disposiciones para el funcionamiento de la entidad. La propuesta obtuvo tres votos a favor y uno en contra, por lo que ahora deberá pasar a discusión en la plenaria del Concejo, donde se definirá su futuro. 💡
El proyecto ha despertado inquietudes entre concejales, líderes sociales y sectores de la ciudadanía, principalmente por las implicaciones que podría tener sobre la administración de los recursos de SAYOP y la eventual participación de terceros en el manejo financiero de la empresa.
Durante la discusión, la gerente de SAYOP, Johana Alonso Herrera, rechazó las versiones que señalan que la iniciativa busca privatizar la entidad. Explicó que el estudio técnico de referencia adelantado por la empresa fue autorizado por su junta directiva y tiene como propósito revisar las condiciones y tarifas del servicio de alumbrado público. También aclaró que las recomendaciones del consultor no son de obligatorio cumplimiento y no significan que la empresa tenga que adoptar todas las alternativas planteadas.
En la misma línea, Edgar Iván Páerez Carvajal, asesor jurídico de la Alcaldía de Yopal, aseguró que el proyecto no contempla la venta de acciones, la capitalización ni la incorporación de inversionistas privados a SAYOP. Según explicó, cualquier decisión de esa naturaleza requeriría una autorización expresa del Concejo Municipal, facultad que no se está solicitando mediante el acuerdo debatido.
La creación de una fiducia, uno de los puntos más cuestionados
Uno de los aspectos que concentró las mayores diferencias durante el debate fue el artículo relacionado con la constitución de una fiducia para administrar los recursos de la empresa. El concejal Dumar Montaña manifestó su preocupación por la posibilidad de que un tercero asuma el manejo de cerca de 100.000 millones de pesos correspondientes al patrimonio de SAYOP.
El cabildante cuestionó que, a su juicio, no estuvieran suficientemente explicadas las características de esa figura, sus funciones y las garantías jurídicas y financieras para proteger los recursos públicos. Por estas razones anunció su voto negativo y advirtió sobre los riesgos que podría representar para la autonomía administrativa y financiera de la entidad.
Por su parte, el concejal Leonardo Infante también expresó reparos frente al proyecto. Cuestionó aspectos del procedimiento, las inquietudes que quedaron pendientes de respuesta y las posibles consecuencias de la figura fiduciaria sobre la contratación y el manejo de los recursos destinados al alumbrado público.
Infante manifestó que llevará nuevos argumentos a la plenaria y que buscará mecanismos para controvertir la legalidad de la iniciativa. También hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en las discusiones sobre el futuro de la empresa.
Modificaciones al proyecto y defensa de la ponencia
Durante el trámite en comisión, la concejal Karen Vargas Unibío defendió su ponencia favorable, pero explicó que introdujo modificaciones importantes al articulado. Entre los cambios destacó la eliminación del artículo segundo, que contemplaba facultades pro tempore para el alcalde municipal y que había generado cuestionamientos por el alcance de las atribuciones que se le otorgarían.
La concejal también defendió la inclusión de la fiducia como un mecanismo para mejorar el manejo de los recursos y evitar que los dineros recaudados para el alumbrado público terminen destinados a otros fines. Según su explicación, la figura permitiría que los recursos ingresen directamente a una cuenta de SAYOP y estén sujetos a vigilancia financiera y control fiscal.
Asimismo, sostuvo que la empresa continuará siendo completamente pública y conservará responsabilidades relacionadas con la administración, operación, mantenimiento, compra de energía y expansión de las redes de alumbrado.
El proyecto ahora llegará a plenaria
Con la aprobación en primer debate, el Proyecto de Acuerdo 040 de 2026 continuará su recorrido en el Concejo de Yopal. En la plenaria, los 17 concejales tendrán la responsabilidad de estudiar el texto, revisar las modificaciones y decidir si la iniciativa recibe aprobación definitiva o es archivada.
La discusión no ha estado exenta de dificultades. Días antes, una recusación había obligado a suspender el debate mientras se resolvía el procedimiento correspondiente, lo que evidenció las diferencias jurídicas y políticas alrededor de la propuesta.
Mientras la Administración municipal y quienes respaldan el proyecto insisten en que no se busca privatizar SAYOP, sus críticos piden mayores garantías sobre el manejo de los recursos y advierten sobre posibles consecuencias administrativas y financieras.
La decisión que adopte el Concejo será determinante para el futuro del alumbrado público en Yopal, un servicio que tiene impacto directo en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Las autoridades de salud de Casanare mantienen la vigilancia sobre diferentes eventos de interés en salud pública. Según el más reciente boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud departamental, durante la semana epidemiológica 44 se notificaron 202 casos individuales al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).
De acuerdo con el reporte, el dengue encabeza la lista con 53 casos, seguido de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, con 48 reportes. En tercer lugar se encuentra la violencia de género e intrafamiliar, con 21 casos.
El informe también registra otros eventos que requieren seguimiento, entre ellos intentos de suicidio, intoxicaciones, cáncer de mama y cuello uterino, varicela y VIH/SIDA.
En cuanto a las atenciones colectivas, durante esa semana se reportaron 633 consultas, de las cuales 467 correspondieron a infecciones respiratorias agudas y 166 a enfermedad diarreica aguda.
La Secretaría de Salud departamental señaló que continúa el monitoreo epidemiológico y la articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer la detección temprana y las acciones de prevención.
Las cifras son preliminares y pueden presentar modificaciones durante los procesos de verificación.
La Corte Constitucional tomó una decisión que modifica algunas de las reglas para la realización y divulgación de encuestas electorales en Colombia.
Mediante la Sentencia C-168 de 2026, el alto tribunal declaró inexequibles varios apartes de la Ley 2494 de 2025, al considerar que algunas de sus disposiciones afectaban derechos fundamentales como la libertad de información, la intimidad y la protección de datos personales.
Uno de los principales cambios tiene que ver con las encuestas de intención de voto. La Corte eliminó la restricción que impedía realizar este tipo de mediciones antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos.
Esto permitirá que las firmas encuestadoras puedan consultar las preferencias electorales durante un periodo más amplio del calendario político.
Adicionalmente, el tribunal eliminó la obligación de entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los números telefónicos de las personas encuestadas, una exigencia que había generado cuestionamientos por sus posibles implicaciones sobre la privacidad.
La decisión también dejó sin efecto la obligación de suministrar el código computacional para replicar la selección de las unidades muestrales en las encuestas realizadas en hogares.
Con este pronunciamiento, la Corte establece nuevos límites a las exigencias sobre las firmas encuestadoras y modifica aspectos importantes de la regulación de los sondeos políticos en el país.