🌧️ Una emergencia se registra este sábado 3 de octubre en la zona rural de Tumaco, Nariño, luego de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río Caunapí, afectando principalmente al corregimiento de La Espriella. El agua ingresó a viviendas, cubrió calles y alcanzó cultivos, mientras los habitantes solicitaron apoyo de las autoridades.

Videos difundidos por los pobladores muestran la magnitud de la inundación. En algunas zonas, el nivel del agua habría alcanzado la cintura de los habitantes y varias viviendas quedaron anegadas. Los testimonios también señalan que las lluvias continuaban mientras el nivel del río seguía aumentando.

“Ya las casas en su mayoría están inundadas”, relató uno de los habitantes en una grabación realizada durante la emergencia, en la que además expresó preocupación por el avance de la situación durante las horas siguientes.

El desbordamiento también habría provocado importantes afectaciones en las actividades productivas de la zona. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, varios cultivos resultaron inundados y se registró la muerte de aves de corral como consecuencia de la creciente.

Aunque todavía no existe un balance oficial definitivo, reportes preliminares de medios locales estiman que entre 3.000 y 5.000 personas podrían estar afectadas por la emergencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adelanta la evaluación de los daños para establecer con mayor precisión el número de familias afectadas y las necesidades de atención.

La emergencia se presenta en un contexto de lluvias intensas en el litoral Pacífico nariñense. El Ideam había advertido que para octubre podrían registrarse precipitaciones superiores a los valores habituales en el sur del litoral Pacífico, con posibles incrementos de hasta el 20 % y anomalías de hasta 200 milímetros frente a los promedios climatológicos de referencia.

Las condiciones meteorológicas mantienen la preocupación entre las comunidades rurales de Tumaco, especialmente por la posibilidad de que continúen las lluvias y aumenten los niveles de los ríos y quebradas de la zona.

Mientras avanzan las evaluaciones de las autoridades, los habitantes de La Espriella y de otros sectores rurales afectados esperan asistencia para atender las necesidades generadas por las inundaciones y conocer el alcance total de los daños ocasionados por la creciente.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para establecer el número definitivo de personas damnificadas, viviendas afectadas y pérdidas en cultivos e infraestructura.

🚨 El plan del Gobierno nacional para realizar un piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio para la erradicación de cultivos de uso ilícito enfrenta nuevos obstáculos. El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que todavía no ha emitido el concepto previo en salud necesario para avanzar con esta iniciativa.

La aclaración fue realizada por el propio INS ante las informaciones que señalaban que el Gobierno ya contaba con autorización sanitaria para poner en marcha las pruebas. La entidad explicó que, hasta el momento, no ha emitido un concepto sobre el plan piloto contemplado en la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes.

El Instituto señaló que antes de emitir su pronunciamiento necesita contar con información técnica y científica suficiente que permita realizar una evaluación rigurosa de los posibles riesgos para la salud de la población. Entre los aspectos que deberán ser analizados están los efectos del glufosinato de amonio y de su formulación, además de las diferentes formas y escenarios en los que las comunidades podrían estar expuestas a la sustancia.

La iniciativa del Gobierno contempla realizar un plan piloto controlado de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos. Según la información conocida sobre la Resolución 007, la prueba tendría un límite de hasta 1.000 hectáreas y una duración máxima de siete días, con el propósito de obtener información sobre su eficacia, precisión, posibles riesgos e impactos en la salud y el ambiente.

El INS enfatizó que su participación en el proceso es exclusivamente técnica y científica. La entidad explicó que su función consiste en evaluar la evidencia disponible y aportar elementos para la protección de la salud pública, mientras que la decisión sobre la eventual implementación del piloto corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes.

A esta situación se suma una decisión judicial que mantiene suspendidas temporalmente las actividades relacionadas con la aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. De acuerdo con los reportes conocidos, un juzgado ordenó que el proceso no avance mientras se cumplen determinadas condiciones relacionadas con la participación de las comunidades y la información sobre los posibles impactos de la medida.

El debate se produce después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella planteara retomar la aspersión aérea como una de las herramientas para combatir los cultivos ilícitos. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha defendido la estrategia y ha señalado que deberá cumplir con las exigencias establecidas por la Corte Constitucional y con los requisitos técnicos correspondientes.

Por ahora, el INS no ha establecido una fecha para emitir su concepto. La entidad aseguró que continuará recopilando y analizando los elementos necesarios para elaborar un pronunciamiento independiente y sustentado.

De esta manera, el plan piloto todavía no cuenta con el concepto sanitario del Instituto Nacional de Salud y permanece sujeto a las actuaciones de las autoridades competentes y a las decisiones judiciales que se encuentran vigentes. El eventual uso de la aspersión deberá definirse una vez se cumplan los requisitos técnicos, científicos y jurídicos establecidos para el proceso.

🚨 La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, pidió a los organismos de control investigar un contrato de arrendamiento por más de $400 millones destinado a un inmueble en Sevilla, Valle del Cauca, que finalmente nunca fue utilizado para el traslado del centro zonal de la entidad.

El hallazgo fue conocido por Restrepo durante una visita al departamento, realizada en el marco del seguimiento a los centros zonales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Allí recibió documentación relacionada con el contrato suscrito para trasladar las operaciones del centro zonal de Sevilla a un nuevo predio.

Según la información entregada a la directora, los pagos por el arrendamiento habían superado los $400 millones hasta el 31 de julio de 2026, pese a que el traslado nunca se concretó y el inmueble no llegó a ser utilizado para la prestación de los servicios del ICBF.

El contrato inicial fue suscrito el 24 de diciembre de 2025. Sin embargo, durante los meses siguientes no se realizaron las adecuaciones necesarias para habilitar el inmueble, por lo que los funcionarios y contratistas continuaron trabajando en la sede que ya ocupaban.

La situación generó cuestionamientos debido a que, pese a que el predio no había entrado en funcionamiento, el contrato continuó vigente. Además, antes del 7 de agosto se realizó una adición y una prórroga que extendió su ejecución hasta el 31 de octubre de 2026.

Ante este panorama, Carolina Restrepo anunció que la documentación y las evidencias relacionadas con el contrato serán entregadas a los organismos de control para que se adelante la investigación correspondiente y se establezcan las posibles responsabilidades.

“Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”, señaló la directora del ICBF.

Información adicional sobre el contrato señala que el propósito inicial era contar con un nuevo espacio para trasladar las actividades administrativas y misionales del centro zonal. Sin embargo, al no completarse las adecuaciones requeridas, el inmueble permaneció sin ser utilizado mientras los trabajadores continuaban en la sede anterior.

El caso se suma a las revisiones que la actual administración del ICBF viene realizando sobre la contratación y el manejo de los recursos de la entidad. La directora aseguró que mantendrá la vigilancia sobre los recursos destinados a la niñez y que cualquier posible irregularidad encontrada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Por ahora, no existe una decisión de los organismos de control que determine que en este contrato hubo corrupción o establezca responsabilidades individuales. La investigación solicitada deberá establecer las razones por las que el inmueble no fue utilizado, las condiciones bajo las cuales se mantuvo el contrato y la justificación de su posterior adición y prórroga.