🚨🇨🇴 Una nueva controversia sacude a la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, luego de que se conociera una resolución que declaró hábil el sábado 8 de agosto para adelantar trámites administrativos y presupuestales relacionados con contratos. La situación provocó fuertes cuestionamientos contra el director de la entidad, César Augusto Pachón, y llevó al representante Daniel Briceño y al exfiscal Francisco Barbosa a exigir su salida del cargo.

La polémica comenzó después de que se conociera un documento firmado por Pachón mediante el cual se habilitó esa jornada extraordinaria para adelantar procedimientos relacionados con contratación. De acuerdo con lo reportado, la medida permitió incluso desarrollar labores de manera remota utilizando herramientas tecnológicas.

El asunto generó preocupación dentro del nuevo Gobierno, especialmente por el monto de los recursos que estaban involucrados en los trámites. Según la información difundida por Noticias RCN y retomada por Infobae, se encontraban sobre la mesa acuerdos que superarían los 250.000 millones de pesos.

Entre los procesos señalados aparece un contrato cercano a 70.000 millones de pesos para una planta de sacrificio porcino, otro por aproximadamente 190.000 millones de pesos relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y uno adicional de alrededor de 30.000 millones de pesos destinado a Casanare.

El nuevo ministro de Agricultura, Indalesio Dangond, cuestionó la actuación de la entidad y aseguró que se estaría produciendo un uso injustificado de recursos públicos. Tras conocer la situación, pidió que se detuvieran nuevas contrataciones y nombramientos mientras se revisaba la legalidad de las actuaciones adelantadas.

Dangond también anunció que estudiaría la salida de César Pachón de la dirección de la ADR y advirtió que el funcionario podría ser declarado insubsistente. La cartera de Agricultura comenzó además a revisar los procedimientos adelantados durante los últimos días de la administración anterior.

En medio de la controversia apareció Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, quien pidió públicamente la salida inmediata de Pachón. El congresista cuestionó que el director de la ADR hubiera permanecido en el cargo durante el cambio de Gobierno y señaló la habilitación del sábado como una decisión relacionada con la posibilidad de adelantar contrataciones.

Pachón respondió a los señalamientos y pidió a Briceño presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones. El director de la ADR sostuvo que no existía un acto administrativo que demostrara que se hubiera concretado alguna contratación durante el día habilitado y solicitó que se retractara de sus afirmaciones.

La discusión subió de tono con la intervención del exfiscal general Francisco Barbosa, quien también reclamó la salida inmediata de Pachón. Barbosa utilizó fuertes calificativos contra el funcionario y respaldó la solicitud de declararlo insubsistente, además de pedir que se revisaran y, de ser necesario, se reversaran las contrataciones cuestionadas.

Por su parte, César Pachón ha defendido su actuación y ha insistido en que se presenten documentos que demuestren que durante la jornada extraordinaria se realizaron contrataciones irregulares. La controversia permanece en medio de la revisión que adelanta el nuevo Gobierno sobre las decisiones administrativas tomadas durante la transición presidencial.

El caso también se produce en un momento de especial tensión por el cambio de administración nacional y por la revisión de contratos, nombramientos y actuaciones de diferentes entidades públicas. Ahora será la revisión jurídica y administrativa la que deberá determinar si las decisiones adoptadas por la ADR se ajustaron a las normas y si hubo actuaciones que ameriten consecuencias disciplinarias o administrativas.

🚨🔒 La reciente operación de traslado de 117 personas privadas de la libertad a cárceles de alta seguridad encendió las alarmas entre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Trabajadores de la institución manifestaron preocupación por posibles represalias de estructuras criminales que podrían reaccionar contra el personal penitenciario tras la reubicación de varios internos considerados de alto perfil.

La preocupación surgió después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenara el traslado de un grupo de internos que permanecían recluidos principalmente en la cárcel La Paz de Itagüí. La operación movilizó a 117 presos hacia establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en distintas regiones del país.

La decisión fue presentada por el nuevo Gobierno como una medida para recuperar el control de los centros penitenciarios y evitar que personas vinculadas con estructuras criminales continúen utilizando las cárceles como lugares desde los cuales puedan coordinar actividades delictivas.

Sin embargo, el operativo también generó inquietud entre los funcionarios encargados de la custodia y vigilancia de los establecimientos penitenciarios. Las alertas están relacionadas con la posibilidad de que organizaciones criminales intenten tomar represalias contra los trabajadores del Inpec como respuesta a las medidas adoptadas por las autoridades.

📢 Los funcionarios solicitaron que se refuercen las medidas de seguridad y protección para el personal, especialmente en aquellos establecimientos donde permanecen internos relacionados con organizaciones delincuenciales con capacidad de ejercer presión o intimidación fuera de las cárceles.

El temor no se limita a los trabajadores que participaron directamente en los traslados. Las advertencias también abarcan a funcionarios que permanecen en diferentes centros penitenciarios y que podrían quedar expuestos ante eventuales retaliaciones de las estructuras afectadas por la operación.

La situación adquiere especial relevancia debido a que el traslado fue una de las primeras decisiones de alto impacto adoptadas por el Gobierno de De la Espriella en materia de política penitenciaria. El mandatario aseguró que los internos trasladados perderían privilegios y que no podrían continuar utilizando los establecimientos carcelarios para dirigir actividades criminales.

Entre los internos reubicados se encuentran personas consideradas de alto perfil y vinculadas a procesos de negociación adelantados durante la política de Paz Total del Gobierno anterior. Los traslados se realizaron hacia establecimientos de alta seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

⚠️ Las autoridades deberán ahora mantener especial atención sobre posibles amenazas contra el personal penitenciario, mientras se evalúa el impacto que pueda tener la decisión sobre las estructuras criminales relacionadas con los internos trasladados.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también había advertido que este tipo de movimientos pueden generar reacciones de los grupos criminales, precisamente por el poder e influencia que algunos de sus integrantes mantienen incluso desde prisión.

La situación pone nuevamente en el centro del debate la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario y el desafío que representa impedir que las organizaciones delincuenciales mantengan capacidad de acción desde las cárceles, sin exponer a quienes trabajan diariamente en los establecimientos de reclusión.

🚨🚗 Apenas unas horas después de entrar en funcionamiento, el nuevo puente de la calle 153 sobre la Autopista Norte, en Bogotá, ya registró su primer accidente de tránsito. Una camioneta chocó contra uno de los separadores de la estructura durante la mañana del viernes 7 de agosto, aunque las autoridades confirmaron que el hecho no dejó personas heridas ni involucró a otros vehículos.

El incidente ocurrió alrededor de las primeras horas de la mañana, cuando el puente llevaba menos de un día habilitado para la circulación. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, el conductor de la camioneta perdió el control y terminó impactando contra el separador ubicado en la nueva estructura vial.

Tras el choque, una grúa llegó al lugar para retirar el vehículo y evitar que la situación generara mayores complicaciones en el tráfico de la Autopista Norte. Hacia las 7:10 de la mañana ya se adelantaban las labores para despejar el sector y normalizar la movilidad.

Las autoridades aclararon que no hubo otros vehículos involucrados y ninguna persona resultó lesionada. Hasta el momento tampoco se ha establecido que el accidente haya sido provocado por algún problema o falla relacionada con la infraestructura del puente.

El nuevo paso elevado había sido inaugurado apenas el jueves 6 de agosto, durante la celebración de los 488 años de Bogotá. La obra fue concebida como una solución para mejorar la circulación en uno de los sectores con mayor congestión del norte de la capital y permitir que la calle 153 atraviese de manera continua la Autopista Norte.

La infraestructura tiene 363 metros de longitud, tres carriles para vehículos y un carril de incorporación, además de un puente bicipeatonal de cinco metros de ancho destinado a peatones y ciclistas. También cuenta con 450 metros de ciclorruta, biciparqueaderos, zonas verdes y otros espacios complementarios.

Según las proyecciones de la Administración Distrital, cerca de 240.000 vehículos circulan diariamente por esta intersección, mientras que alrededor de 40.000 utilizarían directamente el nuevo puente. La intervención pretende aumentar la capacidad vial del sector y reducir los tiempos de desplazamiento de quienes se movilizan entre el nororiente y el noroccidente de Bogotá.

La entrega de la infraestructura puso fin a un prolongado proceso de construcción. Los trabajos comenzaron en 2021 y originalmente se esperaba que estuvieran terminados en 2023. Sin embargo, el proyecto avanzó lentamente y la actual administración distrital lo recibió con apenas 11,23 % de ejecución.

Durante el desarrollo de la obra también se presentaron dificultades relacionadas con modificaciones al diseño de la cimentación, retrasos atribuidos al contratista, problemas en el suministro internacional de acero y dificultades financieras. El IDU, además, abrió un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del cronograma, con una sanción anunciada de 243 millones de pesos.

El primer accidente ocurrido tras la apertura no dejó víctimas, pero generó atención entre los usuarios de la nueva infraestructura, que apenas comienza a ser incorporada a la movilidad cotidiana de la capital. Las autoridades continúan atendiendo este tipo de incidentes para garantizar que el tránsito por el sector se mantenga con normalidad.