🌧️ Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron afectaciones en distintos puntos del Magdalena. Mientras varios sectores de Santa Marta terminaron bajo el agua tras el aguacero del sábado 26 de septiembre, en la Zona Bananera los productores reportaron nuevos daños en cultivos de banano y plátano debido a los fuertes vientos.

En las fincas de la zona rural quedaron evidenciadas numerosas plantas derribadas por el fenómeno climático. Los productores aseguran que este tipo de afectaciones se han repetido durante el año y que las pérdidas se suman a las dificultades económicas y de seguridad que enfrenta actualmente el sector.

José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), señaló que este corresponde al sexto episodio de vientos que afecta los cultivos durante 2026. El dirigente gremial manifestó su preocupación por el impacto que estos eventos están teniendo sobre las familias que dependen de la producción bananera.

A los daños ocasionados por el clima se agregan otros factores que presionan a los productores, entre ellos la disminución de la tasa representativa del mercado y las dificultades de seguridad en las zonas rurales. La situación genera preocupación además por las negociaciones comerciales que se adelantarán próximamente para definir los precios del banano de cara a 2027.

Desde Asbama hicieron un llamado a los supermercados y compradores internacionales para que tengan en cuenta las condiciones que están enfrentando los productores y se establezcan acuerdos comerciales que permitan mantener la actividad y la estabilidad de las familias vinculadas al sector.

En Santa Marta, por otra parte, las precipitaciones provocaron inundaciones en al menos 11 sectores, entre ellos Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes, Bonda, Timayuí, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar.

Videos registrados por habitantes muestran calles cubiertas de agua y vehículos con dificultades para movilizarse. Algunas vías de sectores como Timayuí y Los Alpes quedaron prácticamente intransitables debido al volumen de agua que descendió desde las zonas altas.

Ante la situación, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los puntos afectados. Hasta el momento de los reportes conocidos no se habían informado personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones.

El Ideam indicó preliminarmente que en la estación del Aeropuerto Simón Bolívar se registraron 36,8 milímetros de lluvia en aproximadamente dos horas. El organismo aclaró que estos datos todavía están sujetos a procesos de validación y podrían presentar modificaciones.

Las lluvias también provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que terminó arrastrando grandes cantidades de residuos hacia la bahía de Santa Marta. Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron cómo la corriente transportó basura acumulada en diferentes sectores de la ciudad hasta desembocar en el mar, generando una nueva alerta por el impacto ambiental sobre el ecosistema marino.

📱 La divulgación de conversaciones entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, quien fue cercana a Verónica Alcocer y ocupó un cargo en el Gobierno, volvió a poner bajo escrutinio varios episodios relacionados con la exprimera dama. Los mensajes contienen reclamos personales y económicos, además de señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles influencias en entidades estatales.

Los chats, intercambiados durante varios años, muestran el deterioro de la relación entre Ferrer y Alcocer. En uno de los mensajes, Petro reconoció su inconformidad con la actitud de su entonces esposa, mientras Ferrer le manifestó sus diferencias con ella y con personas de su círculo cercano.

Uno de los asuntos centrales es el reclamo económico de Ferrer, quien asegura que están pendientes más de 640 millones de pesos por servicios de asesoría durante la campaña presidencial de 2022 y gastos relacionados con los primeros meses del Gobierno. La exfuncionaria sostiene que no recibió la totalidad de los pagos que le correspondían.

Las revelaciones también incluyen acusaciones de Ferrer sobre un supuesto uso de intermediarios y familiares para manejar propiedades, así como presuntas presiones y gestiones relacionadas con cargos y contratos públicos. Alcocer ha rechazado estos señalamientos y ha afirmado que no corresponden a la realidad. Las afirmaciones divulgadas no constituyen, por sí solas, una comprobación de conductas ilegales.

Otro de los temas señalados es el denominado grupo de “Los Verónicos”, nombre con el que se identificó a un círculo de personas cercanas a Alcocer. Entre ellas figuran los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, además de Víctor Hugo Sierra y Yeirson Gamero. Sus nombres han aparecido en denuncias y controversias relacionadas con negocios, contratos y presuntas conexiones con espacios de poder durante el Gobierno.

En el caso de Ecopetrol, las publicaciones recogen señalamientos sobre una posible influencia de Alcocer en decisiones y nombramientos, incluido el proceso que llevó a Ricardo Roa a la presidencia de la compañía. También se han conocido cuestionamientos sobre presuntas gestiones en Cenit, filial de transporte de hidrocarburos. Estas acusaciones requieren ser examinadas por las autoridades y no deben interpretarse como responsabilidades establecidas.

La controversia también abarca los viajes internacionales de Alcocer en representación del Estado. Durante el Gobierno de Petro, fue designada como embajadora en misión especial para asistir a actos como los funerales de la reina Isabel II y del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Por esos compromisos se reportaron gastos reconocidos por cerca de 63,7 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre la necesidad de su participación y el uso de recursos públicos.

A esto se sumaron críticas por los costos de algunos colaboradores que acompañaban a la entonces primera dama. Investigaciones periodísticas señalaron que servicios de estilismo, fotografía, protocolo y apoyo a su agenda se contrataron a través de distintas entidades estatales, con pagos que en conjunto superaban los mil millones de pesos. También hubo cuestionamientos por contratos de figuras cercanas, como el coreógrafo Nerú Martínez, vinculado a actividades de bienestar y clima laboral en Presidencia.

Otro nombramiento que generó debate fue el de Concepción Baracaldo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Baracaldo reconoció que Alcocer la contactó para ofrecerle el cargo, pese a que no contaba con experiencia previa en asuntos de niñez, según los reportes publicados en ese momento.

Las tensiones dentro del entorno presidencial también quedaron expuestas en las disputas entre Alcocer, Ferrer y otros funcionarios. En 2024, la exprimera dama denunció un supuesto complot para involucrarla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese contexto surgieron señalamientos sobre posibles seguimientos y conflictos entre integrantes del círculo cercano al entonces presidente, aunque las acusaciones cruzadas no quedaron demostradas públicamente en los términos planteados por las partes.

En el ámbito familiar, Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del expresidente, respectivamente, han hablado públicamente de desacuerdos y de un trato que calificaron como injusto por parte de Alcocer. Sus declaraciones describen conflictos personales y políticos, incluidos cuestionamientos sobre la participación de la familia en actividades de campaña.

Finalmente, la estadía de Alcocer en Suecia también generó controversia después de que medios de ese país publicaran información sobre su vida social y sus gastos. Petro negó que ella utilizara recursos públicos para financiar sus actividades personales, mientras que desde el entorno diplomático surgieron comentarios críticos sobre su comportamiento. La financiación de ese estilo de vida fue uno de los interrogantes planteados en los reportes.

Los episodios reunidos por El Colombiano abarcan presuntas irregularidades, contratación pública, viajes oficiales, disputas personales y cuestionamientos sobre el círculo de confianza de la exprimera dama. Sin embargo, varios de los señalamientos provienen de testimonios, denuncias o investigaciones periodísticas y deben distinguirse de hechos que hayan sido establecidos por las autoridades.

🚨 La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia pidió una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en el sur de Bogotá. El organismo recordó que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, cuando uniformados de la Policía de Soacha acudieron al sector para atender una riña. De acuerdo con videos y testimonios conocidos sobre el caso, Balanta habría sido golpeado y sometido a varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo taser durante el procedimiento.

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, donde manifestó sentir dolores en el pecho. Posteriormente, fue llevado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha, donde falleció alrededor de las 7:30 de la noche.

A raíz de lo sucedido, siete uniformados que participaron en el procedimiento fueron apartados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte y establecer posibles responsabilidades.

A través de un pronunciamiento, la ONU manifestó su preocupación por el fallecimiento de Balanta bajo custodia policial y recordó los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Asimismo, solicitó que el caso sea investigado por la justicia ordinaria y que se esclarezcan los hechos.

El organismo hizo énfasis en que la responsabilidad por la seguridad de una persona detenida recae en el Estado, que debe garantizar su vida e integridad personal. Por ello, pidió que las autoridades determinen si durante el procedimiento se respetaron las normas y protocolos correspondientes.

El caso también motivó una manifestación de familiares, allegados y miembros de la comunidad afrodescendiente frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Los asistentes reclamaron avances en la investigación y que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido.

Durante la jornada, la exsenadora María José Pizarro acompañó a los manifestantes y señaló que, según lo expresado por la comunidad, existía preocupación por la falta de acompañamiento investigativo en el sector de Caracolí y por la posible pérdida de pruebas. Estas afirmaciones hacen parte de los reclamos de los familiares y deberán ser verificadas por las autoridades.

Mientras continúan las investigaciones, la muerte de Donovan Balanta mantiene la atención sobre los procedimientos policiales y las garantías que deben proteger a las personas bajo custodia. La Fiscalía y las instancias correspondientes deberán esclarecer cómo se desarrolló la intervención y determinar si hubo actuaciones irregulares.