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Corte Constitucional da vía libre a la expropiación de terrenos baldíos y rurales entregados por jueces a terceros

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Por mayoría los magistrados dejan sin validez los títulos de posesión o baldíos reconocidos por la justicia. El fallo se convierte en abrebocas e instrumento de redistribución de tierras y reforma agraria propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Luego de dos años de discusión la Corte Constitucional resuelve uno de los temas más sensibles y complejos del país; los terrenos baldíos. En la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la cual se discutirá y aprobará este viernes 12 de agosto, deja sin seguridad jurídica los títulos de posesión o pertenencia de terrenos baldíos o predios rurales reconocidos por jueces de la República desde hace varias décadas.

Así lo ratificaron varios magistrados consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, quienes señalaron que tras varias sesiones del alto tribunal constitucional en múltiples horas de discusión, se consolidó la mayoría y por ende el trascendental fallo.

El origen de la decisión en el máximo tribunal constitucional es la revisión 13 de los fallos de tutela que conocieron principalmente juzgados de Boyacá y Málaga en Santander, así como las respectivas salas Civil y de Familia en segunda instancia.

Y en otro grupo una serie de acciones de tutela que fueron radicadas en contra de nueve juzgados municipales de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Despachos judiciales que conocen de todas las áreas del derecho en poblaciones pequeñas como Tibirita, Cundinamarca o Toca en Boyacá.

El demandante es la Agencia Nacional de Tierras, ANT. Una entidad creada el 7 de diciembre de 2015; nueve meses antes de que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora organización subversiva Farc, firmaran el Acuerdo de Paz.

Su propósito como máxima autoridad de tierras de la nación, es como lo anuncian en su página web, responder a los retos del posconflicto en lo concerniente al desarrollo del campo y, “la implementación de los acuerdos suscritos en el marco del proceso paz”.

Esta poderosa entidad fue presidida inicialmente por Miguel Samper Strouss, hijo del expresidente Ernesto Samper, quien se posesionó en el cargo el 27 de mayo de 2016 e interpuso varias acciones de tutela en contra de estos pequeños juzgados. Su argumento es que estos despachos judiciales habían vulnerado derechos al debido proceso, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y al patrimonio público. 

Argumentó que los jueces promiscuos municipales de estas poblaciones reconocieron derechos posesorios y de pertenencia a ciudadanos quienes argumentando el tiempo establecido en la ley y sin carecer de antecedentes registrales reclamaron lotes y terrenos como propios, a pesar que, según la entidad, eran baldíos.

Otro de los fundamentos de la ANT, es que los ciudadanos no aportaron certificados de libertad y tradición y que por el hecho de no contar con un inventario de baldíos no se podía concluir que eran bienes privados.

Los predios en controversia, entre otros, son la finca Las Tapias con un área de dos hectáreas y 855 metros ubicada en San Miguel, Santander. Esta le fue otorgada al campesino José Apóstol Oliveros quien demostró que era poseedor pacífico y público de dicho terreno desde hace más de 10 años.

Lo propio ocurrió con un predio de 4.874 metros cuadrados denominado ‘El Bazal’ que le fue reconocida la prescripción adquisitiva del dominio a la agricultora Julieta Blanco Castellanos, quien comprobó tener una posesión pacífica, pública e ininterrumpida durante los últimos 40 años.

Un tercer predio cuya suerte se analizó en la Corte, fue el denominado El Uvo, también en Málaga, Santander con una extensión de cinco hectáreas y 6.930 metros. Frente a este, en diciembre de 2015,  el campesino Gerardo Gómez Hernández, acudió al juez del pueblo para solicitar la prescripción adquisitiva del dominio asegurando ser poseedor durante más de 10 años. 

El mismo análisis se hizo sobre un terreno de 3.7 hectáreas en el Cocuy, Boyacá con una suma de posesiones de 40 años. El ‘Cuchayan Alto’ de 125.613 metros y una posesión de 25 años, el lote ‘San Isidro’ con una extensión de 29.628 metros cuadrados en Samacá, Boyacá y una posesión propia de 10 años más y otra como causahabiente de 30 años. 

En Tibirita, Cundinamarca, un pequeño pueblo de apenas 2.950 habitantes también ocurrió un pleito similar. El juzgado promiscuo municipal declaró la prescripción adquisitiva del dominio sobre el predio ‘El Piedrón’ de cinco hectáreas con 9575 metros. Allí la habitante Mariela Guerrero Bernal alegó una posesión ininterrumpida de 13 años. Con una particularidad, de este lote se hizo apertura en el registro público el 13 de diciembre de 1991 pero tiene antecedentes registrales.

A su vez, en Oicatá, Boyacá, los predios La Plazuela, San Antonio, La Era, El Cajón, El Garroche y El Chulo de 5.792, 10.192, 1.382 y 13.438 metros respectivamente, también les fue reconocido el derecho de prescripción adquisitiva del dominio y son mencionados en la ponencia de la Corte para la decisión, con el argumento de falsa tradición.  

Otro grupo de acciones de tutela que estudió la Corte en sede de revisión, fue de personas naturales que buscaron la declaración de prescripción adquisitiva del dominio por ser poseedores durante décadas, pero los jueces en sus municipios se abstuvieron de fallar en su favor argumentando falta de antecedentes en el registro catastral.

Uno de esos casos fue el inmueble denominado, ‘El Montecito’ ubicado así en la vereda Hato Grande de Suesca, Cundinamarca. La poseedora demostró que su familia había adquirido dicho predio hace 60 años, presentó escritura pública del 30 de abril de 1957 y cédula catastral. Argumentó tener todo para sanear su falsa tradición pero el despacho judicial no le halló la razón. 

Razón por la cual y acogiendo una sentencia de la Corte, la T-488 de 2014 en la que se determinó que si el predio no reporta folio de matrícula inmobiliaria se presume baldío, pero en este caso sí tenía cédula catastral. 

Algunas sentencias se impugnaron, otras no. En su mayoría las segundas instancias mantuvieron la decisión de los jueces municipales evocando, entre otros, sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Los jueces le narraron a la Corte que en algunos casos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, les respondió que no les asistía la facultad de certificar o llevar el inventario de baldíos de la Nación y los remitieron a la ley 160 de 1994. En otros el Incoder advirtió que no contaban con un inventario en el mismo sentido.

La ponencia del magistrado Lizarazo, en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, resalta en el planteamiento jurídico, que se conceptúa como el asunto real y específico que decide un juez.

Además advierte que de las 13 sentencias de tutela, 11 fueron promovidas por la Agencia Nacional de Tierras, ANT y que el alto tribunal al constatar que existe incumplimiento e indebida Interpretación y aplicación de las normas especiales en materia de baldíos por parte de las autoridades administrativas hace alusión a otro aspecto.

En el numeral séptimo plantea que le corresponde a la Sala determinar las reglas de decisión que definan, conforme a la Constitución, la interpretación de las normas aplicables en estos casos y, teniendo en cuenta los cambios en el contexto normativo surgido de la suscripción del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento”. 

En la ponencia se evoca todo el desarrollo normativo de los baldíos, desde la Constitución de 1821 en su artículo 55, pasando por la Constitución de 1886 hasta la vigente, la de 1991 en su numeral 18 artículo 150.

También hace un recorrido por el desarrollo jurisprudencial desde la sentencia de noviembre de 1978 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se determinó que estos se sometían a un régimen especial, separado de la reglamentación del dominio privado.

Asimismo, hizo un recuento del Código Civil de 1887 que los define como todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. De igual forma la ponencia precisa toda las disposiciones legales vigentes en materia de terrenos baldíos.

Tras hacer el contexto normativo, la Corte resolvió las acciones tutelas en su mayoría declarando que dichos predios eran baldíos, con excepción del promovido en Tibirita, Cundinamarca, que se reconoció como privado. 

También ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, a la Superintendencia de Notariado y Registró, a la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria y al Agustín Codazzi, adoptar dentro de los seis meses siguientes a la sentencia los planes de acción para la implementación del Sistema General de Información Catastral que permitan la identificación de la naturaleza jurídica de los predios con el propósito de elaborar un inventario de baldíos.

De igual forma, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras presentar en un término de un año el plan actualizado de recuperación de baldíos, según la legislación y las reglas establecidas por la Corte Constitucional. Ello en consideración a la Ley 160 de 1994, el Código General del Proceso y el Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Además fijó varias reglas y subreglas a desarrollar.

Como regla uno estableció que los baldíos son imprescriptibles y solo se pueden adquirir mediante adjudicación por parte del Estado. Es esencia, que no se puede adquirir el dominio de este tipo de predios mediante un proceso de pertenencia ante los jueces. En otras palabras, la adjudicación debe hacerse vía administrativa y no vía judicial.

En esta regla se adicionaron dos subreglas. La primera es que quien pretenda adquirir el dominio de un predio rural, diferente a baldío, vía judicial, es decir, mediante un proceso de pertenencia, tiene la obligación de demostrar la naturaleza jurídica de carácter privado del predio.  

Esto con los requisitos establecidos en el artículo 48 de la ley 160. Para ello se debe aportar el título originario expedido por el Estado o las tradiciones de dominio de los últimos 20 años.

Una segunda subregla determina que si la persona no puede demostrar con el certificado de libertad el bien de carácter privado, no se menciona el principio de buena fe, el juez deberá pedir la primera escritura pública registrada y si la duda persiste se le enviará todo el expediente a la Agencia Nacional de Tierras para que esta reconstruya la historia jurídica del inmueble.

En la regla número dos se determina que si en un proceso de pertenencia ante un juez no se puede acreditar el carácter privado del mismo este se presume baldío y será la Agencia de Tierras quien decida si se adjudica o no.

La siguiente regla fijada en la ponencia del magistrado Lizarazo, es decir la tercera, se determina que en las sentencias de declaración de pertenencia sobre predios rurales cuyo carácter privado no hubiera sido acreditada como se fijó en las reglas anteriores, estas no son oponibles al Estado. 

Esta a su vez tiene dos subreglas relevantes. La primera es que quienes antes del 3 de agosto de 1994, fecha de promulgación de la ley 160 de ese año, hubieran explotado económicamente baldíos con cultivos o con ganado adquirieron el derecho de dominio en unos casos y el derecho de adjudicación en otros pero sólo si cumplieron a raja tabla los requisitos en cuanto al tipo de ocupación, de explotación económica y la extensión máxima adjudicable.

Esto significa que las sentencias de declaración de pertenencia sobre predios rurales  cuya ocupación se hubiera iniciado antes del 3 de agosto de 1994, tendrán fuerza jurídica y no entrará la ANT a oponerse a éstas si el derecho adquirido está de acuerdo a la ley aplicable en cada caso.

Tampoco entrará a oponerse el Estado, a través de la ANT u otras autoridades competentes si las sentencias de pertenencia cuya ocupación se hubiera iniciado con posterioridad al 3 de agosto de 1994 con personas que estaban destinadas a ser beneficiarias de reforma agraria o reforma de tierras. Sin embargo, no existe tal excepción si se trata de predios que estén en proceso de restitución de tierras.

En este sentido, la Corte estipula que si no existe prueba del cumplimiento de estos requisitos, las sentencias de pertenencia proferidas antes de la notificación del fallo de la Corte Constitucional se deberán inscribir en las oficinas de registro de instrumentos públicos pero con el código registral para estos casos que se determine y el cual deberá ser informado al alto tribunal y a la ANT.

Por su parte, esta entidad deberá implementar un proceso de verificación de estos procesos de pertenencia y esta tendrá el deber de verificar que las personas a las que los jueces les reconocieron este derecho, realmente lo tengan. 

Sin embargo, en los casos de predios cuyas extensiones superen la extensión máxima adjudicable, la diferencia pasará a un proceso administrativo de recuperación de baldíos.

Ahora bien, en los casos en que vía judicial se hubiera reconocido la pertenencia de un bien privado siendo baldío o de este siendo privado, podrá revocarse. 

Finalmente se establece que cualquier acto que se haya beneficiado con bienes baldíos desconociendo las reglas especiales, debe revisarse y por lo tanto el Estado debe iniciar el proceso de recuperación.

Un pronunciamiento que al interior de la Corte ya se da por descontado que saldrá avante, pues la controvertida ponencia que se discutirá el próximo 12 de agosto ya cuenta con cinco votos, de los magistrados.

El autor de la ponencia es el magistrado Antonio José Lizarazo.  Abogado de la Universidad Libre quien fue elegido en la Corte Constitucional en diciembre de 2016. De joven fue líder estudiantil y un activista que dirigió la campaña de Luís Carlos Galán en 1982 en Cúcuta. En 2003 fue presidente del Consejo Nacional Electoral. En esa corporación votó a favor de la petición del entonces presidente Uribe de revisar el censo electoral, luego que fracasara el referendo.

Es muy cercano a Juan Fernando Cristo, exministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También se desempeñó como asesor del entonces comisionado de paz Sergio Jaramillo. Intentó llegar al alto tribunal en tres ocasiones pero solo lo logró en 2016, postulado por Santos. 

Esta vez desde la Corte, y con tanto solo siete días de la posesión del presidente Gustavo Petro, su ponencia aprobada será el primer peldaño de la anunciada reforma agraria del nuevo gobierno.

Fuente: API

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El precio de la papa se disparó un 98 % en Colombia: el fenómeno de El Niño y las dificultades agrícolas encarecen los alimentos

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El bolsillo de los colombianos continúa enfrentando fuertes presiones por el incremento en los precios de los alimentos. Uno de los casos más preocupantes es el de la papa, cuyo valor aumentó un 98 % entre octubre de 2025 y octubre de 2026, convirtiéndose en uno de los productos que más se encarecieron durante el último año, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La situación se presenta en medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y las dificultades que enfrenta el sector agrícola para mantener los niveles de producción y abastecimiento. 🥔

El incremento significa que un producto que anteriormente costaba alrededor de 2.000 pesos por kilogramo podría alcanzar los 3.960 pesos, tomando como referencia ese aumento porcentual. Además, durante octubre el precio de la papa registró una variación mensual del 8,25 % frente a septiembre, lo que demuestra que el encarecimiento continúa afectando directamente las compras de los hogares.

El comportamiento de este alimento también coincide con una inflación anual nacional del 6,30 % en octubre de 2026, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento anual del 7,37 %, de acuerdo con los datos del DANE.

El fenómeno de El Niño presiona la producción agrícola

Una de las principales explicaciones del aumento está relacionada con las condiciones climáticas que afectan las zonas productoras del país. Departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, donde se concentra una parte importante de los cultivos de papa, enfrentan condiciones que pueden alterar los ciclos de producción y reducir la disponibilidad del producto en los mercados.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), explicó que el comportamiento actual también debe analizarse teniendo en cuenta lo ocurrido durante el año anterior, cuando se presentó una elevada oferta de papa que llevó los precios a niveles muy bajos. En algunos momentos, el kilogramo llegó a comercializarse alrededor de los 550 pesos, situación que afectó económicamente a los productores.

A esta situación se suman los costos de producción, especialmente los relacionados con la mano de obra y los fertilizantes, además de las dificultades derivadas de las condiciones climáticas. La combinación de estos factores ha generado presiones tanto para quienes cultivan el alimento como para los consumidores que lo compran diariamente.

Otros alimentos también están subiendo de precio

La papa no es el único producto que presenta incrementos importantes. Las cifras del DANE muestran que otros alimentos frescos también han experimentado variaciones considerables durante los últimos doce meses.

Entre los productos que más se han encarecido se encuentran el tomate, con un aumento anual cercano al 44 %; el tomate de árbol, con aproximadamente 36,68 %; la mora, con 29,37 %, y la naranja, con 23,31 %. Asimismo, las frutas frescas acumularon un incremento del 15,90 %, mientras que la carne de res y sus derivados registraron una variación anual del 13,31 %.

En el caso del aguacate Hass y el limón común, también se han observado precios importantes en los mercados mayoristas. Según el boletín del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), entre el 7 y el 13 de noviembre, el kilogramo de aguacate Hass se cotizó en promedio a 4.638 pesos en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que el limón común alcanzó los 2.851 pesos.

Incendios y condiciones climáticas generan preocupación para el cierre del año

A las dificultades relacionadas con el fenómeno de El Niño se suman otras situaciones que pueden afectar la producción agrícola. Los incendios registrados en el departamento del Tolima dejaron daños en más de 27.000 hectáreas, una emergencia que también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los cultivos.

Álvaro Palacio Peláez, presidente de Asohofrucol, señaló que entre los productos que podrían verse afectados por esta situación se encuentran el aguacate, el mango, el plátano y los cítricos. Según explicó, la continuidad de estas condiciones podría generar dificultades en el abastecimiento y presionar los precios en determinadas regiones.

El panorama mantiene en alerta a los productores y comerciantes, especialmente ante la posibilidad de que las condiciones climáticas continúen afectando las cosechas durante los próximos meses.

Con estos incrementos, los alimentos frescos se consolidan como uno de los principales factores que presionan el costo de vida en Colombia. La preocupación se concentra especialmente en los hogares de menores ingresos, para los cuales cualquier variación en productos básicos como la papa, las frutas y las verduras representa un impacto directo en el presupuesto destinado a la alimentación.

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Polémica por traslado de la hija de Abelardo de la Espriella en una lancha de la Armada: Gobierno defendió el procedimiento

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Una controversia política se desató luego de que se difundieran imágenes de Lucía de la Espriella, hija del presidente Abelardo de la Espriella, movilizándose en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena. El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, en medio de las celebraciones por las Fiestas de Independencia de la ciudad, y generó cuestionamientos sobre el posible uso de bienes públicos para actividades particulares. 🚤

El video fue divulgado por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, quien puso en duda las razones por las que la joven se encontraba a bordo de una lancha oficial junto a un grupo de amigas. La congresista publicó las imágenes en su cuenta de X y preguntó si la hija del mandatario estaba utilizando una embarcación de la institución para participar en una actividad recreativa en la bahía de Cartagena.

Las publicaciones provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales y sectores políticos, que cuestionaron si se estaban destinando recursos de la Fuerza Pública para facilitar actividades privadas de integrantes de la familia presidencial.

Gobierno aseguró que se trató de un traslado por razones de seguridad

Ante las críticas, Miller Soto, vocero de la Presidencia, salió en defensa del procedimiento y explicó que la embarcación de la Armada fue utilizada únicamente para garantizar el desplazamiento marítimo de Lucía de la Espriella.

Según la versión oficial, la joven llegó al lugar en la lancha institucional, posteriormente se trasladó al bote hacia el que se dirigía y, una vez finalizada su actividad, regresó a la misma embarcación para salir de la zona.

Soto sostuvo que, al tratarse de la hija del presidente y requerirse un desplazamiento por vía marítima, correspondía utilizar los medios de transporte y seguridad disponibles de la Armada Nacional. Por esta razón, rechazó que se tratara de un paseo o una celebración a bordo de una embarcación militar y aseguró que no existió ninguna irregularidad.

El funcionario también cuestionó la difusión de imágenes de la joven, señalando que se trata de una menor de edad y que su exposición pública, acompañada de afirmaciones que consideró difamatorias, no era apropiada. Además, defendió las medidas de protección destinadas a los integrantes de la familia presidencial.

Congresistas solicitaron explicaciones sobre el uso de recursos públicos

La respuesta del Gobierno no detuvo los cuestionamientos. La representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis y también integrante del Pacto Histórico, anunció la presentación de un derecho de petición para solicitar información sobre las circunstancias del traslado.

La congresista busca conocer quién autorizó el uso de la embarcación, cuál fue el propósito del desplazamiento y bajo qué criterios se permitió utilizar un recurso de la Armada Nacional en este contexto. Su preocupación se centra en establecer si los bienes de la institución fueron empleados para una actividad de carácter privado.

A las críticas también se sumó el exfuncionario Esteban Restrepo, quien pidió que la Procuraduría General de la Nación examine la actuación de los oficiales que participaron en el procedimiento y determine si hubo un uso inadecuado de recursos estatales.

Por ahora, los cuestionamientos se mantienen como solicitudes de explicación y señalamientos políticos. No se ha establecido oficialmente que exista una irregularidad en el traslado.

El debate sobre el uso de bienes del Estado

La controversia también recordó otros episodios en los que integrantes de familias presidenciales o personas cercanas al poder han sido cuestionados por utilizar medios de transporte oficiales. Entre ellos se encuentran los desplazamientos en aeronaves estatales que generaron discusiones durante anteriores administraciones.

En este caso, el punto central será determinar si el uso de la lancha respondió exclusivamente a necesidades de seguridad y transporte o si existieron condiciones que ameriten una revisión sobre la utilización de recursos públicos.

Mientras el Gobierno insiste en que el procedimiento fue legítimo y necesario para proteger a la hija del mandatario, sectores de la oposición consideran que deben conocerse los detalles de la autorización y las condiciones en las que se realizó el recorrido.

La polémica continúa abierta y se espera que las respuestas a las solicitudes de información permitan esclarecer cómo se organizó el traslado y si se ajustó a los protocolos establecidos para el uso de las embarcaciones de la Armada Nacional.

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“El M-19 se equivocó”: Gustavo Petro reconoció errores de la guerrilla durante la toma del Palacio de Justicia tras ver serie de Netflix

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Una nueva controversia alrededor de la toma del Palacio de Justicia de 1985 surgió luego de que el expresidente Gustavo Petro reconociera públicamente que el Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera a la que perteneció, cometió errores durante la operación que terminó en una de las mayores tragedias de la historia reciente de Colombia. El pronunciamiento fue publicado el lunes 16 de noviembre, después de que el exmandatario viera la serie Palacio, estrenada recientemente en Netflix.

A través de su cuenta en la red social X, Petro compartió una extensa reflexión sobre los acontecimientos del 6 y 7 de noviembre de 1985. En su publicación cuestionó la versión histórica que, según él, se ha presentado sobre la toma y la posterior retoma militar del edificio, y aseguró que durante décadas se ocultaron responsabilidades relacionadas con la actuación de las autoridades y la respuesta del Estado.

Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención fue su reconocimiento de que el M-19 se equivocó al prolongar la confrontación armada en lugar de privilegiar una salida política. “El M19 se equivocó por prolongar la acción militar sobre la política”, escribió el exmandatario, aunque también defendió el papel que tuvo la organización en el proceso de paz que culminó con su desmovilización en 1990.

Petro sostuvo que, cinco años después de la toma, el movimiento guerrillero consiguió incorporarse a la vida política y participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que dio origen a la Constitución actualmente vigente. En su interpretación, ese proceso representó un avance hacia una Colombia democrática.

Petro cuestionó la versión histórica de los acontecimientos

En su pronunciamiento, el expresidente invitó a los colombianos a ver la producción audiovisual y aseguró que permite conocer aspectos de la tragedia que, a su juicio, no han sido suficientemente explicados. También cuestionó a sectores políticos y económicos del país, a los que responsabilizó de haber impulsado una respuesta militar que terminó con la vida de numerosos civiles y funcionarios judiciales.

El mensaje reabrió el debate sobre las responsabilidades de los actores involucrados en los hechos. La toma comenzó cuando integrantes del M-19 ingresaron por la fuerza al Palacio de Justicia con el propósito de retener a magistrados y adelantar un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancur. La operación desencadenó una respuesta militar que se extendió durante dos días y dejó cerca de un centenar de personas muertas y al menos once desaparecidas.

Aunque las responsabilidades por la actuación de la Fuerza Pública durante la retoma han sido objeto de investigaciones y decisiones judiciales, la incursión armada del M-19 también ha sido señalada como el hecho que desencadenó la tragedia.

Hija de un magistrado víctima rechazó las declaraciones

Las palabras de Petro provocaron reacciones entre familiares de las personas que murieron o desaparecieron durante la toma y retoma. Una de las respuestas más contundentes fue la de Helena Urán Bidegain, hija del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, quien cuestionó que antiguos integrantes del M-19 continúen sin asumir de manera clara su responsabilidad por lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, Urán manifestó que, después de más de cuatro décadas, las explicaciones de los protagonistas siguen concentradas en responsabilizar al otro bando, sin reconocer plenamente el sufrimiento de las víctimas civiles.

También cuestionó que se equiparen las muertes de integrantes de los grupos armados con las de las personas que quedaron atrapadas en medio de la confrontación. En su mensaje sostuvo que tanto la guerrilla como los agentes estatales deben responder por las actuaciones que vulneraron la vida y los derechos de quienes se encontraban en el edificio.

Su pronunciamiento insistió en que la memoria histórica no debería utilizarse para justificar a los responsables, sino para comprender lo sucedido y evitar que se repitan hechos similares.

Una tragedia que continúa generando discusiones

La serie Palacio volvió a poner en primer plano uno de los episodios más dolorosos de la historia colombiana. La producción reconstruye la incursión del M-19, la operación militar de retoma y las consecuencias que dejaron los acontecimientos para las víctimas y sus familias.

El debate no se limita a establecer quién inició la confrontación, sino que también involucra las decisiones tomadas durante la respuesta militar, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la búsqueda de verdad y justicia que continúa vigente.

El reconocimiento de Petro representa una referencia explícita a los errores del M-19 durante la operación, pero sus declaraciones también mantienen una interpretación crítica sobre la responsabilidad del Estado. Por eso, sus palabras han generado nuevas discusiones entre quienes consideran necesario un reconocimiento más amplio de las responsabilidades de la guerrilla y quienes insisten en que también deben esclarecerse las actuaciones de la Fuerza Pública.

A 41 años de los hechos, el Palacio de Justicia continúa siendo una herida abierta para Colombia, especialmente para las familias que todavía reclaman respuestas sobre la muerte y desaparición de sus seres queridos.

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